Chile y el Perú: paralelos e intersección

Es posible que hayan leído que, en el Perú, Ricardo Campos Haro (77) carga a su esposa, Victoria Vega Medina (81), por varias horas, para que cobre Pensión 65 (250 soles bimestrales). En Chile, Luis Alberto Tobar (jubilado) requiere el apoyo financiero de sus hijos para pagar sus gastos de manutención y el tratamiento de su cáncer de próstata. En pocas palabras, asistimos a la intersección de una imperiosa necesidad de protección social durante la vejez, así como a la existencia de instituciones que carecen de efectividad y eficiencia. Esto es así acá y en Chile.

Son bienvenidas las reflexiones sobre el impacto de los recientes acontecimientos sociales y políticos en Chile, y la evaluación de su desarrollo económico en los últimos 30 años. Nos entristecen las implicancias inmediatas. La muerte de 19 personas, la detención de centenares que participaron o estuvieron demasiado cerca de los desmanes, y las tragedias que afectan a sus familias y comunidades.

La destrucción de la infraestructura es también significativa. Algunas horas después del inicio de la violencia, nos impresionó la respuesta del gobierno que, afortunadamente, fue seguida de disculpas y de la promesa de algunos cambios de política económica. Estos incluyen, entre otros, la elevación del ingreso mínimo, el aumento en un poco menos del 20 por ciento de las pensiones sociales, la creación de un seguro de salud para enfermedades con implicancias catastróficas, y el alza de los impuestos para los grupos que pueden asumir más carga tributaria. A todas luces, estas medidas significan la voluntad de tender la mano a la población estructuralmente excluida, promover la distensión e iniciar un diálogo. Ello es importante por un par de razones.

En primer lugar, una razón estructural. Las estrategias para poner en marcha mecanismos redistributivos que reduzcan la desigualdad son fundamentales. En segundo lugar, una razón de corto plazo. El 14 de noviembre, los ojos del mundo y, sobre todo, de Asia Pacífico se pondrán en Santiago, donde se realizará el summit presidencial de APEC que reunirá a 21 presidentes. En solo dos semanas.

Las reflexiones permiten el análisis de aspectos hipotéticos del crecimiento económico y social, así como la observación de realidades institucionales y políticas en Chile y en el Perú. Este tipo de evaluación es particularmente importante en nuestro país, cuando el presidente Vizcarra ha anunciado que presentará su plan de gobierno. Consideramos que este plan tiene que ser, por definición, uno de corto plazo. No teníamos un plan antes, y desde luego, quedamos a la expectativa por conocer cuáles son las metas que incluirá. Mientras tanto, los hechos deseables son más bien de largo plazo y tienen que ver con un modelo de apertura acompañado de una prudente intervención pública, para asegurar una mayor inclusión, un incremento sustancial de la productividad y una responsable atención a nuestra población de adultos mayores.

Por ejemplo, como paralelos, echemos un vistazo a algunos indicadores prototípicos del desarrollo en Chile y en el Perú: el empleo no agrícola informal en Chile y el Perú es 28 y 59 por ciento, respectivamente. La esperanza de vida de la mujer en Chile y el Perú es de 85 y 78 años, y la proporción de personas mayores a 65 años es 11,5 por ciento y 8,1 por ciento, respectivamente. Por último, en Chile el 14,7 por ciento de las personas mayores de 65 años continúa trabajando para tener una renta de trabajo. En el Perú, esta proporción es del 35,2 por ciento, a pesar de que más del 70 por ciento reporta enfermedad crónica. Claramente, la situación en el Perú muestra una mayor informalidad, un menor desarrollo relativo y una peor protección social de nuestra población durante la vejez. Una verdad adicional, cantada a voces, es que los sistemas previsionales en ambos países requieren una mirada renovadora.