¿Compinches ideológicos?

El recién inaugurado gobierno de Gustavo Petro en Colombia reestableció relaciones diplomáticas con Nicaragua, rotas desde febrero del 2022, luego de que Daniel Ortega calificara al país sudamericano como un “narco-estado”. Para el puesto diplomático en Managua, el presidente Petro designó a León Fredy Muñoz, excongresista del partido Alianza Verde, investigado por la Corte Suprema de Justicia de Colombia por presunto tráfico de estupefacientes. Apenas se dio a conocer su nombramiento, Muñoz publicó en Twitter un texto que trasluce el nuevo matiz de las relaciones bilaterales: “con los vientos de cambio se abren las puertas para que nuestro país vuelva a la hermandad latinoamericana”. ¿Un guiño entre compinches ideológicos? Vientos arremolinados soplan en la región.

El 12 de agosto, Colombia eludió su participación en la sesión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se votó una resolución de condena al Estado de Nicaragua por su persistente violación a los derechos humanos. El desconcierto de la prensa y la comunidad internacional no se hizo esperar. Luis Ernesto Vargas, embajador designado de Colombia ante la OEA, argumentó que la ausencia de Colombia se debió a que él todavía no había recibido sus credenciales. Sin embargo, días después, Juan José Quintana, viceministro de asuntos multilaterales de la Cancillería colombiana, respondió a Noticias Caracol que la orden de no participar en la sesión fue avalada directamente por el canciller Álvaro Leyva, debido “a delicados aspectos de política exterior que tienen un carácter confidencial”.

¿Qué interés tiene Gustavo Petro en “no quedar mal” con el dictador Daniel Ortega? ¿Y cuáles son esos delicados aspectos de la política exterior del país andino? Tal vez la respuesta se encuentra en el archipiélago caribeño de San Andrés. Ambos países han pasado décadas en disputas legales ante organismos internacionales por la soberanía marítima de ese grupo de islas. En el 2012, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una sentencia que resolvió que Colombia mantenga la soberanía sobre las mismas, pero le adjudicó a Nicaragua casi 75.000 kilómetros cuadrados de mar. Para el periodista de investigación colombiano Daniel Coronell, con esta “omisión diplomática” Colombia estaría preparando el terreno para negociar con Nicaragua la ejecución de la última sentencia de la CIJ promulgada en abril de este año, que establece que Colombia debe “cesar inmediatamente” sus operaciones de patrullaje y pesca en esas aguas que el tribunal considera zona económica exclusiva nicaragüense.

El 30 de agosto, el canciller Leyva emitió un comunicado en el que otorga la versión oficial de la controvertida ausencia de Colombia; señaló que se debió “a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas”. Asimismo, añadió que se está gestando “una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua que coincidió con la votación de ese día”. ¿Tal vez para la liberación de ciertos presos políticos? ¿Y qué ganaría Ortega a cambio? Muchas interrogantes ante un mensaje ambiguo cuyo alcance solo se podrá corroborar con el paso de los días.

La condena a la violación de los derechos humanos por el Estado de Nicaragua no es negociable. Se registran más de 300 muertos a manos de fuerzas estatales y las cárceles de la dictadura mantienen secuestrados a más de 200 presos políticos, algunos de los cuales incluso participaron en las mesas de Diálogo Nacional entre la oposición y el gobierno entre el 2018 y el 2019. Todos los actores internacionales que han servido como facilitadores de un diálogo o negociación con Ortega han sido desairados, traicionados o expulsados de Nicaragua. ¿Por qué con Colombia se esperaría obtener un resultado diferente? Negociar con un dictador, violador de los derechos humanos y con nulas credenciales democráticas no lleva a buen puerto.