A tiempo completo, por Aníbal Quiroga

Uno de los temas que, sin duda, se quedó en el tintero de la Comisión Presidencial de Integridad presidida por el ex defensor del Pueblo (e) Eduardo Vega fue la necesaria reforma de la parte final del primer párrafo del artículo 92 de la Constitución. En este artículo se permite que los congresistas ejerzan cargo, función, profesión u oficio privados, siempre que no lo hagan “durante las horas de funcionamiento del Congreso”. Es decir, contrario sensu, los congresistas, además de su elevado cargo y muy altas funciones públicas como “padres de la patria”, pueden realizar funciones, tener cargos o ejercer su profesión u oficio en el sector privado en tanto lo hagan “fuera de las horas de funcionamiento del Congreso”.

Hecha la ley, hecha la trampa. El enunciado inicial de la norma constitucional terminó eviscerado por su propia frase final. Sépase que en el último proyecto de Constitución –difundido a finales de 1992 por Carlos Torres– esta frase no existía, constituyendo un notorio avance en el intento de limitar el cargo de congresista a uno de dedicación exclusiva. Total, para eso postulan, para eso tienen poder y para eso los ciudadanos les pagamos bastante bien. Mucho sacrificio, en verdad, no es. Pero en los debates finales el “zorro” congresista-constituyente Enrique Chirinos logró colar esa malhadada frase, pervirtiendo el objetivo de su primera parte (ser a tiempo completo y de dedicación exclusiva).

Esta indebida permisibilidad constitucional viene a cuento ahora que, en base a ella, un connotado congresista del oficialismo, nada menos que vocero de su minoritaria bancada, acaba de sumar a su patrimonio un nuevo negocio, en la exclusiva Costa Verde, con un discutible permiso por su cercanía al mar. Para tal fin, distrajo tiempo de su valiosa función pública para así generar, montar y poner en funcionamiento tan importante negocio privado, organizando primorosamente su inauguración, con la crema y nata de la sociedad limeña y las principales figuras del Estado mayor del partido político de gobierno como invitados. Para ello, no tuvo mejor idea que “oficiar” al director de la Policía Nacional para “requerirle” policías y unidades móviles para la seguridad y garantía de los asistentes a su prometedora velada.

Esta fue, además, en vísperas de la interpelación a Jaime Saavedra, cuando el Ejecutivo en pleno, en lugar de alistar sus mejores galas para este encantador evento social, debía estar trabajando codo a codo en la defensa política del ahora ex ministro de Educación. Dicho sea de paso, el congresista-anfitrión, vocero de su bancada, no se apareció por el hemiciclo durante el calvario político del ministro Saavedra la semana pasada.

Sin duda que facilitar constitucionalmente que los congresistas, además de su importante función pública, puedan tener actividades privadas sin límite siempre que sea “fuera de las horas de funcionamiento del Congreso”, se presta (y se prestará) a no pocas corruptelas e ingentes conflictos de interés. Cualquier profesional, empresario o trabajador que deba competir con un trabajador, profesional o empresario congresista estará en notoria desventaja. Y es que los congresistas en su actividad privada siempre tenderán a mezclar los límites del uso legítimo de su poder y la ética, cuando no incurrir en una clara inconducta personal. El problema radica en que el reformador de la Constitución es, al mismo tiempo, el destinatario de la reforma.

¿Cómo entonces se podrá luchar verdaderamente contra una de las etiologías de la corrupción? Urge una reforma constitucional inmediata si en verdad el gobierno y la mayoría en el Congreso desean verdaderamente comprometerse en alcanzar mayores cotas de honestidad en la función pública.