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El control gubernamental busca asegurar el uso adecuado de los recursos públicos y fomentar espacios y estrategias para la mejora continua de la gestión pública. Sin embargo, la Contraloría General de la República (CGR), entidad encargada, no tiene avances significativos que mostrar.
Evidentemente, ningún funcionario desea ser cuestionado ni enfrentar procesos disciplinarios o legales tras la intervención de una comisión de control, propia del sector público. El contralor informa frecuentemente sobre la identificación y procesamiento de funcionarios corruptos que generan pérdidas millonarias. Aunque necesaria, esta transparencia fomenta desconfianza, frustración y desesperanza en la población, y desmoraliza a miles de decentes servidores públicos que enfrentan un estigma por ser parte de la demonizada burocracia.
El problema se exacerba cuando la CGR publica los indicadores sobre los riesgos de corrupción. Esta transparencia, esencial, generaliza la desconfianza de la ciudadanía, pues se repite anualmente.
Lo fundamental es si la contraloría ha logrado reducir los daños por corrupción. Nada lo indica, pues los perjuicios económicos aumentan anualmente, lo mismo que la cantidad de funcionarios identificados y procesados. Por eso, hay preguntas como: ¿qué ha logrado la CGR desde la vigencia de la Ley 30742 (Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control, SNC, del 28/3/2018)? ¿Qué cambios ha implementado? ¿Cuáles son las metas y objetivos a cumplir por período y su medición? ¿Por qué no se privilegia el control preventivo, un enfoque de gestión que evita errores, fraudes y problemas previamente, con políticas claras, capacitación, segregación de funciones, y supervisión continua? ¿Cuáles son las propuestas de control a largo plazo? ¿Se articula con el Ejecutivo, el Congreso y el Poder Judicial acciones de lucha contra la corrupción?
Esta generó pérdidas por S/24 mil millones en el 2023; el equivalente al 2% del PBI de ese año. Un dinero con el que se pudo construir o renovar cientos de escuelas, mejorar la red de salud, ampliar los programas de asistencia, desarrollar proyectos de infraestructura vial y sistemas de agua potable.
Para implementar el control concurrente –sistema de supervisión en tiempo real que detecta y corrige irregularidades durante la ejecución de los proyectos–, las entidades con inversiones superiores a los S/10 millones deben transferir a la CGR el 2% del valor total. Por ello, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) para la planilla de Personal y Obligaciones Sociales (Genérica 21) aumentó en 146,3% en dos años (de S/421,5 millones en el 2022 a S/1.038,2 millones en el 2024). Se han acumulado saldos y excedentes en cuentas bancarias que el Ejecutivo ha reasignado a otros fines mediante el Decreto de Urgencia 006-2024, que establece medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la sostenibilidad fiscal, el equilibrio presupuestario y la eficiencia del gasto público (23/3/2024).
La CGR ha advertido que la implementación del control concurrente podría afectarse si el Ejecutivo no garantiza el financiamiento necesario, pero la decisión del Ejecutivo parece irreversible. Así la CGR deberá explorar opciones de control más baratas.
La lucha contra la corrupción es prioritaria; el Estado no puede permitir el mal uso de los recursos. La responsabilidad de protegerlos recae no solo en la CGR, sino también en todos nosotros, y especialmente en una prensa acuciosa.
