¿Y si corremos el riesgo?, por Juan José García

Mientras usted lee este artículo, el Ejecutivo podría estar promulgando la tan anhelada y discutida ley del IGV justo aprobada recientemente por el Congreso… o aún no. 

Según el ministro de Economía, Alfredo Thorne, el IGV justo generaría una pérdida anual al fisco de S/1.118 millones. Pero, ¿es justificada la preocupación del ministro? Antes de responder esta pregunta, es necesario entender el contexto en el que se propone este proyecto de ley.

Actualmente, existen 1,7 millones de mypes (microempresas y pequeñas empresas), las cuales hasta el 2013 empleaban al 70,9% de la PEA ocupada y contribuían con aproximadamente el 40% del PBI. No obstante, según el Observatorio de las Pymes de Contribuyentes por Respeto (CpR), estas mismas empresas, aunque cobran sus ventas de manera diferida a 60 o 90 días, igual están obligadas a pagar el IGV correspondiente en el mismo mes en el que facturaron, sacrificando así recursos importantes de su, de por sí, endeble flujo de caja.  

Y es que las mypes son muy vulnerables. Es natural ver notables contracciones en sus ingresos durante etapas de desaceleración económica o en aquellas estaciones en las que no pueden seguir invirtiendo en crecer simplemente porque aún no cobran y no tienen caja. Si a esto le sumamos la actitud implacable de la [esperamos] “antigua” Sunat, su destino siempre pende de un hilo. 

Ante esta situación, CpR propuso en diciembre del 2015 que las mipymes (microempresas, pequeñas y medianas empresas) puedan postergar el pago del IGV hasta por 60 días, bajo un esquema parecido al de Chile. Y una propuesta similar fue planteada en enero del 2016 por Fuerza Popular, con Miki Torres a la cabeza, al proponer que las mypes puedan postergar el pago del IGV hasta el momento en que les paguen. 

Permitirles a las mypes diferir el pago del IGV a 90 días, que es lo que ha aprobado el Congreso, mejoraría automáticamente su situación financiera; se resguardaría su viabilidad en épocas de vacas flacas y se repotenciaría su crecimiento durante auges económicos. Más aun cuando se considera que solo podrán aplicar a este beneficio las mypes que estén en regla, por lo que en segundo plano se incentivaría la formalidad. El impacto es claro: habrá más emprendimientos sostenibles en el país.

Pero respondamos a la pregunta inicial: ¿afectará esta ley negativamente al erario público? Ciertamente el fisco retrasaría la recaudación de aproximadamente S/1.200 millones al año, monto que sería percibido durante el siguiente período fiscal. Este “hueco”, equivalente al 1,2% de los ingresos totales del Gobierno Central, gatillaría una necesidad de financiamiento de corto plazo, que tendría que ser paliada mediante emisiones de letras del tesoro, instrumentos que a su vez, generarían costos financieros anuales por más o menos S/50 millones. 

¿Vale la pena correr el riesgo? ¿Vale la pena perder algo de caja por el bien de las mypes? El costo de esta iniciativa ascendería a aproximadamente S/75 millones al año, suma que estaría conformada por el costo de emitir letras del tesoro y los intereses que dejaría de percibir la Sunat por diferir el cobro del IGV. Pero el beneficio, aunque difícil de medir, parece mucho mayor: se reduciría la vulnerabilidad de 11 millones de puestos de trabajo, se atraería a muchas pequeñas empresas a la formalidad, muchas de ellas sanearían sus situaciones tributarias para poder adherirse a este beneficio y, por último, se dinamizaría la economía de los pequeños empresarios.

En un contexto en el cual la incertidumbre de la situación política y económica de países avanzados afectará el crecimiento global, el Ejecutivo debe apostar en darle holgura a las empresas que aportan gran parte del crecimiento y son altamente vulnerables. Un riesgo que sí vale la pena.