Mariana Mazzucato

La pandemia demostró que tenemos las capacidades científicas e industriales para desarrollar y producir en masa vacunas seguras y efectivas de manera acelerada. Pero el éxito de las vacunas contra el también reflejó dos décadas de esfuerzos denodados de los científicos del mundo académico y del sector privado. Y, cuando llegó el momento de la verdad, una inyección oportuna de fondos públicos llevó ese trabajo hasta la línea de llegada.

Si hubo una tecnología que desempeñó un papel especialmente decisivo en esa coyuntura fue el ARNm –o –, que ofrece un nivel de adaptabilidad y escalabilidad que lo torna altamente adecuado para la respuesta ante pandemias. Las vacunas y los tratamientos de ARNm ya se están poniendo a prueba para una amplia variedad de enfermedades. Así, cuando estalle la próxima epidemia viral, las vacunas de ARNm muy probablemente serán la primera solución.

Sin embargo, aunque este avance salvó innumerables vidas durante la última pandemia, los beneficios no se compartieron de manera equitativa. Un año después del despliegue de las vacunas contra el COVID-19, aproximadamente el 73% de las dosis administradas estaba concentrado en países de ingresos altos y medio altos, mientras que apenas el 0,9% había llegado a países de bajos ingresos.

Otra lección de la pandemia, entonces, es que la plataforma ARNm no alcanzará su pleno potencial a menos que adoptemos una nueva estrategia que haga hincapié en el acceso equitativo. Esto implica intentar sellar alianzas público-privadas simbióticas que estén mejor diseñadas para compartir tanto los riesgos como las recompensas.

Cuando las empresas se ven beneficiadas con fondos públicos –sean subsidios, garantías, préstamos, compromisos de compra o contratos de adquisición–, se les debería exigir que maximicen el valor público de esas inversiones. Las condiciones vinculadas al financiamiento público para investigación y desarrollo, producción y distribución relacionados con el ARNm, por ejemplo, podrían garantizar asequibilidad, acceso equitativo y reinversión de las ganancias en innovación sanitaria. Las tecnologías de ARNm que resulten de un esfuerzo colectivo no deberían estar bajo el control exclusivo de un puñado de empresas privadas. Más bien, deberían considerarse parte de un bien sanitario global y estar disponibles y accesibles para todos los que las necesiten.

Una comparación de las vacunas de Oxford-AstraZeneca y Pfizer-BioNTech (ARNm) muestra por qué esa gobernanza es importante. Ambas asociaciones recibieron un financiamiento público considerable (US$445 millones en el caso de BioNTech y US$1.300 millones en el de AstraZeneca) y ambas se beneficiaron de amplios compromisos de compra avanzados. Pero mientras que el financiamiento público para la producción de la vacuna de AstraZeneca estuvo condicionado a que la empresa fijara precios más bajos, a BioNTech se le permitió fijar precios más altos y que luego rechazara pedidos para ofrecer acuerdos de licencia y transferencias de tecnología. La próxima vez, los gobiernos deben garantizar que las cláusulas contractuales reflejen el bien común y regulen la obtención de un lucro excesivo.

De la misma manera, la gobernanza de la propiedad intelectual debería apuntar a facilitar las transferencias de conocimiento entre países, en pro de una innovación y fabricación más descentralizadas. Necesitamos garantizar que las tecnologías sanitarias críticas –especialmente aquellas que dependen sustancialmente de fondos de los contribuyentes y capital humano, desde investigadores hasta participantes en ensayos clínicos– estén reguladas para el bien común. Por eso el Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que presido, ha exigido que las patentes de las tecnologías ARNm estén reguladas sobre la base de una perspectiva de bien público.

En la práctica, esto significa que los criterios para otorgar patentes deberían ser más rigurosos. Debería exigirse, incluso, la presentación de información adicional que pueda ayudar a los gobiernos a evaluar el poder de mercado que otorgan. Las patentes deberían cubrir solo innovaciones fundamentalmente nuevas y deberían estar confinadas, en general, a tecnologías transformadoras, para impedir la privatización de herramientas, procesos y plataformas de investigación básicos. El objetivo de la innovación médica debería ser el de mejorar la salud para todos, lo que requiere un acceso oportuno y equitativo.

Mientras avanzan las negociaciones internacionales sobre un acuerdo de prevención, preparación y respuesta ante pandemias, la cuestión de garantizar un acceso oportuno y equitativo a contramedidas médicas –incluidas las tecnologías de ARNm– debe ocupar un lugar central. La plataforma ARNm tiene el enorme potencial de ofrecer tratamientos y vacunas innovadores para enfermedades que afectan esencialmente a los países de bajos y medianos ingresos y que se podrían producir local y asequiblemente bajo el régimen apropiado.

Para construir esta forma de resiliencia, debemos empoderar a los investigadores, fabricantes y gobiernos de estos países para forjar ecosistemas de I&D y fabricación regionales en pro del bien común. Recién entonces la tecnología ARNm alcanzará su pleno potencial.


–Glosado y editado–

Project Syndicate, 2023

*El Comercio abre sus páginas al intercambio de ideas y reflexiones. En este marco plural, el Diario no necesariamente coincide con las opiniones de los articulistas que las firman, aunque siempre las respeta.

Mariana Mazzucato es presidenta del Consejo sobre la Economía de la Salud para Todos de la OMS. Columna especial de Project Syndicate