Cronyism, por Alfredo Thorne

A fines de 1997, fui enviado en una gira por los países asiáticos, que padecían una crisis financiera profunda, para explicarles a las autoridades monetarias y fiscales la experiencia mexicana de 1994 y cómo este país logró recuperarse. Mi gran sorpresa no fueron solo los aspectos financieros de aquella crisis, sino lo que más tarde se denominó como “Crony Capitalism”. Una suerte de vinculación entre los gobernantes y el sector empresarial que se traducía, en muchos casos, en favores y en leyes hechas a la medida de estos últimos, desvirtuando, así, la verdadera economía de mercado que se basa en la transparencia y que se resume en la legislación anglosajona como “the Rule of Law”.

La publicación de los audios de Los Cuellos Blancos del Puerto nos confirma que el Perú vive su propio “Crony Capitalism”, en el que algunos jueces se prestan al amiguismo para fabricar sentencias a medida. Para muchos, dichos audios fueron una gran sorpresa. Para otros, sin embargo, se trataba de un lastre ya anunciado por algunos organismos internacionales, como el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). En su reciente evaluación de la competitividad del Perú para el 2018-2019, el WEF califica la independencia de nuestro sistema de justicia en la ubicación 115 (de 140 países), y los derechos de propiedad en el puesto 117. No es, pues, sorpresa que en el pilar de desarrollo institucional nos situemos en una posición muy baja –115 de 140–.

Muchos columnistas han discutido ya aspectos institucionales de esta arbitrariedad; yo quisiera enfocarme en las consecuencias económicas. Un sistema judicial arbitrario trastoca el derecho sobre la propiedad privada, que es lo que el gran economista Joseph Schumpeter denominaba la base del sistema capitalista. No en vano el WEF les concede un gran peso a estas variables en sus estimaciones de competitividad. El derecho sobre la propiedad le permite a su dueño –llámese campesino o industrial– vender, comprar o usar su propiedad como garantía para obtener créditos. Estos derechos solo pueden estar respetados en un sistema donde la ley se aplica sin arbitrariedades y donde el inversionista, el innovador, el dueño de casa o el pequeño propietario puede defenderse ante la ley.

Un sistema judicial arbitrario, como el revelado por los audios, no hace sino cuestionar las bases sobre las que está construida nuestra economía, desalentando la inversión. No en vano lo que más temen los inversionistas son las expropiaciones arbitrarias y los sistemas judiciales que les impidan ejercer su defensa. De allí que países como el Perú, donde los derechos pueden ser vulnerados, firmen acuerdos o incluyan cláusulas de protección para los inversionistas en los tratados de libre comercio que les permitan a estos hacer valer sus derechos ante cortes internacionales.

En este contexto, la decisión del presidente Martín Vizcarra –apoyada por el Congreso– de poner la reforma del sistema de justicia y la lucha contra la corrupción en el centro de la discusión política podría configurar la transformación más importante que realice el Perú en los últimos años. Como hemos anotado antes, los inversionistas extranjeros están protegidos de esa arbitrariedad jurídica por los tratados internacionales que ha firmado el país. Pero los micro y pequeños empresarios, no. La literatura económica explica, con justa razón, que el enanismo empresarial ocurre en parte por la ausencia de derechos de propiedad de los pequeños empresarios, que restringen su acceso al crédito o la movilidad misma del capital, generando menor productividad e informalidad. El que la mayoría de las propiedades no estén correctamente registradas o que en muchos casos los registros no estén actualizados son señales de que esta reforma aún no arranca.

Sin embargo, como lo demostraron los países asiáticos que emprendieron estos cambios después de 1997, se necesita mucho más que el referéndum, pues, como cualquier transformación estructural, tomará muchos años de maduración para que la reforma cumpla sus objetivos. Aun cuando el debate se ha centrado en el Poder Judicial, la reforma de la justicia abarca a muchas más instituciones, además de al sector privado. Lo mejor que podría hacer el presidente Vizcarra es usar la aprobación de la ciudadanía que logre en el referéndum para dejarnos una hoja de ruta que siente las bases de una reforma consensuada más amplia e integral en todos sus niveles.