Debate:¿Es conveniente el plan de innovación de Concytec?

Políticas con evidencia

- Gisella Orjeda -
Presidenta de Concytec y de Fincyt

El Comercio, en su editorial del 12 de junio,  señaló que lo mejor que podía hacer el Estado para fomentar la innovación es no obstaculizar la inversión de las instituciones privadas. Sostuvo que invertir en ciencia, tecnología e innovación (CTI) –como plantea la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” que propone el Concytec– es como jugar ponle la cola al burro. 

¿Se ha preguntado el lector qué es lo que revela la diversidad de la producción de un país? ¿Por qué unos países producen muchas cosas y otros menos? La respuesta es la cantidad de conocimiento que han incorporado en sus procesos productivos y sociales y su indicador clave es la inversión en investigación y desarrollo (I+D), tal como lo muestra Ricardo Hausman en “The Atlas of Economic Complexity. Mapping Paths to Prosperity”.

Las actividades de I+D son de alto riesgo. Sus resultados son inciertos y la comercialización de estos puede no ser inmediata. Además, presentan problemas de apropiación de beneficios (es decir, pueden ser imitados). Estas características hacen pequeña la inversión privada en CTI y más aun en países donde las empresas no tienen una cultura de innovación y, por ende, no la gestionan o consideran en sus procesos. 

Un poco más de evidencia: basta ver los resultados de la encuesta de innovación en el Perú para saber que esta es mínima y que no hay cultura de innovación.  De acuerdo con el estudio “Innovación tecnológica en el sector manufacturero: Esfuerzos y resultados de la pequeña, mediana y gran empresa”, un documento de trabajo preparado a partir de la encuesta por Concytec, por cada 5 soles que invierte una empresa de origen extranjero o mixto residente en el Perú, una empresa nacional invierte 1 sol. Ambas tienen el mismo marco regulatorio. Entonces, ¿de qué inversión privada se habla? La cultura de innovación en las empresas está aún por ser promovida y eso se logra con instrumentos de política que reduzcan el riesgo y el costo de la I+D, mejoren la articulación entre los empresarios y los académicos y se promueva la generación y absorción de conocimiento en el país reforzando el capital humano.

Todos los países que han logrado desarrollarse han implementado instrumentos de política que reducen el riesgo y el costo de la I+D para todos los actores, incluyendo el sector privado. Tal es el caso de Estados Unidos, países europeos, Brasil y Corea del Sur, etc. La inversión pública en CTI en países con un estadio de desarrollo medio como el peruano es fundamental en un inicio para desatar el proceso innovador. Las experiencias históricas así lo sugieren.

En todos los países, estas intervenciones siempre se vieron complementadas con el capital humano, infraestructura científica y tecnológica y la generación de un entorno favorable para su desarrollo.

Es preciso aclarar que remover las trabas para que los privados inviertan e innoven y promover las actividades de CTI no son mutuamente excluyentes. Son políticas complementarias. Contar con una estrategia para el desarrollo nacional usando la CTI o invertir en cerrar las brechas de infraestructura y educación no impide mejorar el marco regulatorio; complementa el esfuerzo hacia el desarrollo.  En Concytec, no jugamos a ciegas, basamos nuestras políticas en evidencia.

Innovar no se planifica

- Guillermo Cabieses  -
Profesor de Economía y Derecho

El propósito de la “Estrategia nacional para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación” publicada por Concytec es fortalecer y mejorar la eficiencia del Sistema Nacional de Innovación. Ocupamos el puesto 122 sobre un total de 148 países en un ránking publicado por el World Economic Forum (WEF).

Este plan pretende lograr que los resultados de las investigaciones atiendan las necesidades del sector productivo, incrementar el número de investigadores “debidamente calificados”, mejorar la calidad de los centros de investigación, crear un sistema de incentivos para la innovación del sector privado, entre otras metas. 

El problema parte de una concepción errada sobre cuál es el rol del Estado. Subsidiar un sector o una actividad, planificar la economía o promover la innovación no son labores estatales. Nuestros impuestos deben servir para que el Estado nos provea de ciertos bienes básicos, como la seguridad o la justicia. 

La innovación corresponde a los empresarios que con la información que tienen deciden asumir riesgos sobre la base de lo que ellos consideran oportunidades. En este proceso arriesgan su capital y el de quienes estén dispuestos a apostar por sus ideas. Por cada empresario que tiene éxito innovando en el mercado hay cientos que perecen en el camino. La evolución social es un proceso de ensayo y error. Incentivar que este proceso se dé sin que se tengan en cuenta todos los costos que el riesgo de innovar genera nos hará menos productivos. La innovación realmente productiva está presente todo el tiempo en cada empresa que estudia cómo bajar los costos de sus productos o cómo hacerlos más atractivos para los consumidores.

¿Por qué, entonces, estamos en el puesto 122 del ránking en innovación? 

La economía, como las innovaciones, no se puede planificar centralizadamente. El Estado no puede calcular exactamente qué requiere una sociedad. El conocimiento está difundido, no hay forma de saber qué es lo que la gente quiere o necesita en cada lugar, en cada momento. 

El Estado tampoco tiene cómo saber en qué se necesita innovar. 

Es loable que Concytec quiera fortalecer la innovación, pero está canalizando mal sus esfuerzos. La innovación llegará fruto de las iniciativas privadas. Solo se requiere que los privados puedan actuar libremente, así es que en lugar de pretender planificar la innovación determinando cuál debe ser la calidad de los centros de investigación o cuál el número de patentes o investigadores que necesita el país, deberían “innovar” eliminando las miles de trabas que existen para hacer empresa en el país. 

Sin embargo, lo más crítico es que este plan considera el uso del erario público para incentivar la innovación en actividades que se consideran claves. Esto tiene un costo de oportunidad inmenso: lo que se destine a implementar este plan no podrá usarse en cosas más valiosas. Mientras no tengamos seguridad para la propiedad de los bienes físicos, difícilmente puede pensarse en un sistema eficiente de derechos de propiedad intelectual. Estamos en el puesto 135 del ránking del WEF en educación primaria; parece, pues, desatinado pensar que podamos tener científicos calificados. Estamos, además, en el puesto 111 del mismo ránking en desviación de fondos públicos; fondos, por otro lado, semejantes a los que financiarían este programa. Es sencillamente utópico pensar que funcionará.