Debate: ¿Debe limitarse el uso de las redes s. en funcionarios?

A FAVOR

Mejoremos la conversación, por Gerardo Távara

Secretario general de Transparencia

La libertad de expresión es un derecho constitucional que nos asiste a todas las personas y un componente esencial de la democracia. Sin libertad de expresión no hay democracia y el ejercicio de los derechos ciudadanos se vería limitado. Pero en el caso de los funcionarios –se trate de contratados, nombrados, designados o elegidos– su conducta se ve sujeta a un conjunto de normas de observancia obligatoria. Así como un funcionario público de alto nivel se ve premunido de atribuciones, facultades y prerrogativas para adoptar decisiones políticas e incluso de asignación y ejecución presupuestal, está también sujeto a un conjunto de responsabilidades, prohibiciones e incompatibilidades, todas previstas en la legislación.

Una de las normas que regula la actuación de los funcionarios del Estado es el Código de Ética de la Función Pública, Ley 27817, del año 2002. Este código establece que todo funcionario debe conducirse con respeto, sin ejercer coacción alguna contra otros servidores o ciudadanos ni presiones o amenazas que afecten la dignidad de las personas. Señala también que debe actuar con absoluta imparcialidad política.

Las redes sociales –Twitter es una de ellas– ofrecen valiosas oportunidades para la comunicación entre los funcionarios y la ciudadanía; se trata de una herramienta cada vez más empleada por congresistas y ministros de Estado y cuyo potencial merece ser valorado y aprovechado. Para ello, es fundamental tener presente que el uso de las redes por parte de funcionarios no puede hacerse al margen de las normas como el Código de Ética de la Función Pública que, como hemos señalado, exige una conducta respetuosa de la dignidad de las personas. Así pues, al emplearse las redes sociales, los funcionarios están obligados a evitar cualquier expresión que denigre, amenace o presione a otros funcionarios o a cualquier persona. Ningún funcionario puede, pues, apelar a la libertad de expresión para atacar, agredir, burlarse, amenazar o emplear apelativos en contra de opositores políticos, dirigentes de partidos, periodistas o líderes de opinión. Tampoco contra cualquier ciudadano o ciudadana, mucho menos contra sus familiares. Como todo derecho, la libertad de expresión se encuentra sujeta a determinadas restricciones previstas en la legislación.

Resulta indispensable que los funcionarios recuerden que actúan en nombre del Estado y que, conforme señala la Constitución Política, el Estado y la sociedad tienen como fin supremo la defensa de la persona y el respeto de su dignidad.

Un uso adecuado de las redes sociales por parte de los funcionarios supone el respeto a las normas esenciales de convivencia social, el respeto a la dignidad de las personas, la capacidad de escucha y diálogo democrático y la observancia de las normas legales tanto en las atribuciones como en las restricciones que estas establecen. La asociación civil Transparencia ha convocado a un grupo de especialistas con los que ha formulado un conjunto de criterios para el debate político en las redes sociales para contribuir al mejor aprovechamiento de las oportunidades que Internet nos ofrece para ampliar y fortalecer la democracia. 

EN CONTRA

Responsabilidad, naturalmente, por Juan Sheput

Ex ministro de Trabajo

La evolución de la humanidad se ha construido sobre la base de la conquista de una serie de derechos. La misma concepción de democracia encuentra en la posibilidad de tener una voz, nuestra voz, uno de sus preceptos fundamentales. Así, esta se fue imponiendo sobre otros regímenes de naturaleza tiránica, diseñando a su vez un sistema de derechos que asista a las personas. En ese conjunto, un pilar es el de la libertad de expresión, es decir, la facultad de poder decir lo que pensamos sin tener una sanción a cambio. Es un derecho del cual debemos gozar todos, así se trate de funcionarios, los cuales, sean elegidos o empleados, de confianza o seleccionados, pueden y deben manifestar lo que piensan sin ningún temor. El hecho de trabajar en la administración pública no los exime de opinar. Las normas constitucionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos los ampara. Sin embargo, gozando de esa libertad, se debe entender que también se tienen deberes, el principal, el que tiene que ver con que el ejercicio de un derecho no puede pulverizar otros. Decir lo que pensamos no debe significar atropellar la honra, liquidar la imagen, traficar con el honor, exhibir la intimidad o calumniar a las personas. Las leyes que desarrollan la Constitución ya sancionan este tipo de conductas.

Por otro lado, las redes sociales se han convertido en un formidable vehículo de transmisión de ideas y, sobre todo, de construcción de opinión. En ese aspecto han revolucionado el debate público convirtiéndose en la herramienta favorita de políticos y funcionarios. Twitter y Facebook han sido desenfundados en más de una ocasión para generar protestas e indignación en el mundo. Los esquemas clásicos de poder se han visto confrontados con la potencia efectiva de las masas que se aglutinan como resultante del mensaje virtual.

En vista de ello, se tiene que ser especialmente responsable con el uso que se le da a la red social, partiendo de una base moral, personal, de conciencia y no normativa. Las regulaciones a la forma como se utiliza la red destruirían una de las columnas fundamentales del espacio virtual: la libertad. Los usuarios, más aun si son funcionarios, tienen que entender lo que ya Max Weber señalaba: en la administración pública predomina la ética de los resultados, es decir, la que mide nuestros actos sobre la base de la consecuencia de nuestras acciones. Y eso tiene un nombre: responsabilidad.

José María Carrascal, el gran periodista español, detalla el asombro que le causó la definición de un profesor alemán sobre la democracia. Con una germana capacidad de síntesis, que envidiaría el mismo Borges, Herr Professor dijo: “¿Demokratie? Responsabilitet, natürlich!” (¿Democracia? Responsabilidad, ¡naturalmente!). Y es ella, la responsabilidad en el desarrollo de nuestras acciones lo único que debe regular el comportamiento de un funcionario.

El hecho de que un par de ministros se hayan excedido y hayan sido consentidos en sus ímpetus agresivos no debe servir de pretexto para quitarle calidad a nuestra endeble democracia imponiendo regulaciones de carácter ético o normativo a acciones que son propias de personas que actúan con inmadurez. Las tiranías requieren de normatividad, las democracias de aprendizaje. Empecemos a aprender, con responsabilidad y tolerancia.