Debate: ¿Se deben financiar con fondos públicos los partidos?

Financiando los partidos

Francisco Távara Córdova / Presidente del Jurado Nacional de Elecciones

Toda organización requiere un costo para su sostenibilidad. Los partidos políticos no son la excepción. Sus afiliados y directivos incurren en costos para constituirlos, para mantenerlos y, sobre todo, para las campañas.

En el Perú, según la Ley de Partidos Políticos (LPP), el financiamiento de sus actividades puede ser mixto, es decir, de fondos del Estado o de fuente privada. En el caso del origen público de sus fondos, este provendría tanto de la entrega directa como de la indirecta del dinero, esto es, que los partidos reciban un financiamiento con cargo al presupuesto público (según los votos obtenidos) y también por fuentes indirectas, al otorgarles espacio en la franja electoral o algunas exoneraciones tributarias o administrativas.

La propia LPP supedita la entrega de dinero a las previsiones presupuestarias y, pese al crecimiento económico en el país y los requerimientos de los organismos electorales, el monto que correspondería a cada partido con representación en el Congreso no les ha sido entregado.

¿Por qué entregar montos dinerarios a los partidos? Las razones son diversas y debemos defenderlas ante la opinión pública. Un partido sin fondos no puede tener funcionamiento pleno, no puede tener comités operativos a escala nacional. En el 2013, una investigación del JNE determinó que solo el 20% de los comités declarados por los partidos políticos en las capitales de departamento se encontraba en funcionamiento.

Por otro lado, un tema que se ha evidenciado en estas recientes elecciones ha sido que muchos candidatos tienen antecedentes penales o judiciales, o vinculación con la comisión de delitos de gravedad. Los partidos señalan que no tienen fondos para investigarlos. Al menos parte del monto otorgado podría ser empleado para este fin, sin perjuicio de las actividades de formación, capacitación e investigación a la que también se pueden destinar estos fondos. 

Las fuentes públicas indirectas se limitan hoy a conceder espacio en la franja electoral a quienes postulan a las elecciones generales y regionales, así como a brindar algunas exoneraciones tributarias. Habría que repensar mecanismos para reforzar la franja electoral (por ejemplo, ampliando el espacio de su difusión), pero también para que otros mecanismos indirectos puedan emplearse. La organización de las elecciones internas de los partidos por los organismos electorales, al elaborar el padrón (Reniec), organizar la elección (ONPE), así como fiscalizar y resolver controversias (JNE), es también un mecanismo por el cual el Estado asume costos que hoy recaen íntegramente en los partidos.

Y ya pensando en el financiamiento privado, es central que los organismos encargados de la verificación cuenten con un marco normativo que les provea de un adecuado catálogo de infracciones y sanciones que penalicen la no entrega de la información y otros incumplimientos como superar los topes prohibidos o recibir dinero de fuentes prohibidas. El proyecto de nueva ley de partidos políticos consensuado por los organismos electorales va en esa línea, brindando herramientas y afianzando la transparencia que debe primar. 

Se trata, entonces, de un tema en el que debe reflexionarse y en el que también, como en tantas otras materias, la reforma electoral se hace indispensable. El Congreso de la República tiene la última palabra para impulsar las modificaciones legales que redunden en beneficio de la democracia. 

El Estado no debe financiar

Guillermo Cabieses / Profesor de Economía y Derecho

Las personas votan de varias maneras, no solo con el sufragio. El tiempo que dedican a promover ideas quienes creen en un proyecto político o el dinero que aportan son en realidad votos que estas personas realizan para manifestar sus preferencias. 

Los partidos políticos lo saben. Tienen los incentivos para procurar que las personas voten por ellos con el dinero de las mismas personas. Las convencen de que vale la pena financiar sus campañas para que puedan implementar sus ideas, una vez en el poder. 

Si el Estado decide financiar directamente a los partidos políticos, entonces trastoca este sistema de incentivos. Hace que los políticos tengan menos alicientes para convencer a los demás acerca de por qué vale la pena apoyar sus ideas. Hace que se enfoquen más en obtener subsidios estatales. 

Esto se agrava debido a que los partidos políticos que acceden a subsidios gozan de una ventaja indebida con respecto a los que quieren ingresar en la política. Se entorpece la competencia. 

Un sistema de financiamiento estatal hace que los nuevos proyectos políticos estén en desventaja frente a los partidos políticos establecidos. Estos últimos no solo tendrán a su favor la masa de simpatizantes que hayan podido captar y mantener a lo largo del tiempo, sino también el dinero de los subsidios del Estado. 

Algún defensor del reparto indiscriminado de nuestros tributos dirá que los partidos políticos son demasiado importantes para la democracia como para no ser apoyados por el Estado. Que el financiamiento estatal evitará la corrupción, cuando el financista de una campaña exige recuperar su “inversión” mediante favores estatales o que en sociedades pobres los ciudadanos no pueden aportar dinero a los partidos políticos y, por lo tanto, debe hacerlo el Estado. 

Estos argumentos carecen de sentido.

El hecho de que ciertas instituciones sean importantes para el proceso democrático no implica, en absoluto, que el Estado deba subsidiarlas. Si ese fuese el caso, el Estado debería subsidiar a los medios de comunicación, pues sin libertad de expresión no hay democracia. O quizá debería pagar a la gente para que vaya a votar, en lugar de multarla.

Es quimérico pensar que el financiamiento estatal logrará evitar la corrupción que pueda generarse con respecto a los financistas privados. El hecho de que los partidos sean financiados por el Estado no impide que también lo sean por los privados. Si esto quiere evitarse, entonces mejor invirtamos ese dinero en un sistema de administración de justicia que funcione.

En las sociedades pobres resulta aun más absurdo que en las ricas que el Estado financie a los partidos políticos. No hay almuerzo gratis. El costo de oportunidad de financiar partidos políticos es dejar de invertir el dinero de los contribuyentes en seguridad, educación, salud o infraestructura. Estas áreas son bastante más importantes para los países pobres que los partidos y sus campañas. 

Finalmente, no es moralmente correcto que nuestros impuestos sean utilizados para financiar ideas en las que no creemos, en lugar de financiar bienes esenciales que necesitamos para vivir en sociedad.

1. Guillermo Cabieses / Profesor de Economía y Derecho
2. El Estado no debe financiar