2024: Degradación estatal y democrática

Lo más notable del 2024 es la consolidación de un pacto político dirigido desde el Congreso que deteriora más la capacidad del Estado y la democracia. Si bien desde el 2021 los extremos ideológicos y fragmentados lograban coordinar en votaciones puntuales, desde el 2023 emerge un consenso mayor. Tenemos ya una Mesa Directiva que reúne a los extremos.

Se trata de políticos pragmáticos defendiendo agendas particulares de diferentes grupos de interés. El Congreso ya no enfrenta, sino que cogobierna con un Ejecutivo débil. El pacto tiene como eje central un interés común por garantizar la impunidad de sus integrantes. El Legislativo tiene la sartén por el mango, pues sostiene a una presidenta sin bancada, altamente impopular y con serias acusaciones de violaciones de los derechos humanos. Varias bancadas colocan a ministros de sus partidos o afines a sus intereses.

Este pacto tiene una serie de consecuencias dañinas. Primero, la pérdida de consensos y capacidades técnicas que siguen debilitando al Estado. El ataque discursivo contra la “tecnocracia”, iniciado en el 2016 con un Congreso obstructor y profundizado con el desastroso gobierno de Pedro Castillo, minó reformas en curso. Con Castillo se deterioró la capacidad técnica de muchos sectores al permitir el ingreso al Ejecutivo de personas que incumplían el perfil técnico requerido. Lejos de corregirse, este curso de acción se acentuó en el actual gobierno.

Tal vez lo más notable es el debilitamiento de áreas estatales claves para mantener la responsabilidad macroeconómica. Lo que antes formaba parte de un sentido común técnico, hoy es cosa del pasado. No se trata de idealizar lo que teníamos, pues las limitaciones de la gestión de ayer incubaron la situación actual. Pero se vienen destruyendo las bases de una gestión económica responsable, con altos costos para instituciones que antes tenían el poder de vetar iniciativas populistas de gasto público, como el MEF. ¿Sigue el BCR?

Segundo, este pacto ha debilitado todavía más la democracia. Para concentrar poder, se ha retrocedido en varias dimensiones democráticas como el derecho a la libre asociación y participación ciudadana, la libertad de prensa y opinión, el respeto al Estado de derecho y la independencia de poderes. Este proyecto ha avanzado gradualmente, copando instituciones democráticas con nombramientos cuestionables desde el Congreso. El Perú ya no es propiamente una democracia, sino un régimen autoritario híbrido. Existe un consenso académico internacional sobre la erosión democrática en curso, reflejada en las mediciones de prestigiosos índices que miden libertades democráticas a escala internacional. Más aún, el copamiento institucional ha venido acompañado de sucesivos cambios constitucionales y legales que buscan restringir la competencia política futura a las opciones representadas actualmente en el Congreso.

En tercer lugar, la influencia de intereses particulares está afectando la capacidad legal que teníamos para lidiar con problemas urgentes. Para garantizar la impunidad y perseguir fines particulares, el pacto ha aprobado diversas leyes sin mediar debate amplio y transparente. Estas normas buscan defender a partidos, personas y grupos de interés con nombre propio. La lista es larga. Enfrentamos un serio problema transnacional con autoridades más interesadas en defender sus intereses que en responder con políticas públicas sensatas a este gran desafío.

Reconstruir lo perdido enfrentará retos muy grandes. Estos grupos no son tan débiles como sus rostros políticos, volátiles e irrelevantes; tienen capacidad de resistir y reproducir su poder en las próximas elecciones. Pueden mantener la agenda desreguladora, antitécnica y antidemocrática. Si alguno de los grupos representados en el Congreso gana la presidencia, podrá reproducir el pacto. Y si alguien distinto gana, tendrá que enfrentar a un Congreso que ya aprendió a gobernar directamente.