Dudas de la tecnocracia, pruebas del pragmatismo, por P. Muñoz

El gran reto para la gobernabilidad democrática es cómo transformar al Estado Peruano para acercarlo al ciudadano y pueda resolver sus problemas al tiempo que garantiza que la ley se cumpla para todos por igual. Este será un reto formidable para ambos candidatos, considerando el bajo nivel de capacidad de gestión de nuestro Estado. Pero ¿cuál de las dos agrupaciones está mejor posicionada para avanzar en este campo? 

Los planes de gobierno, la campaña y el debate técnico muestran que Peruanos por el Kambio (PPK) tiene, al menos, la intención de iniciar reformas  del aparato estatal para atender problemas urgentes como la inseguridad, la corrupción y la gestión pública descentralizada, y realiza propuestas más específicas sobre cómo procedería. Pero esta agrupación presenta un enfoque predominantemente técnico de las reformas, pues no ve más allá de problemas de eficiencia. Así, corre el riesgo de caer en el miope estilo tecnocrático, soberbio y distante del ciudadano, que ya ha dado muestras de agotamiento en los últimos años. La falta de liderazgo y visión política en el núcleo central de PPK se evidencia en la campaña. Una visión exclusivamente tecnocrática del gobierno haría también más difícil conducir a un puerto diferente los constantes procesos de conflicto social que han sido el pan de cada día de los últimos gobiernos. A PPK le urge, entonces, dar mayor espacio a políticos más experimentados, como Carlos Bruce y Juan Sheput, así como a representantes con mayores aptitudes para la negociación política, como Martín Vizcarra. 

En contraste, Fuerza Popular (FP) no ha mostrado tener ideas suficientemente claras sobre cómo llevará a cabo las reformas estatales que se precisan para cumplir con sus promesas. En realidad, no nos ofrece un modelo de desarrollo institucional sino un modelo de estabilidad por negociación pragmática. Aún quedan serias dudas de la capacidad técnica del fujimorismo para llevar adelante complejas reformas estatales, así como de su voluntad de producir transformaciones profundas en áreas claves como el sector Interior, el sistema de justicia, control de corrupción, medio ambiente y educación superior. De hecho, su cerrada defensa del inoperante sistema 24 por 24 en la policía, o el silencio sobre las universidades bamba, así como las alianzas electorales recientes con representantes de grupos de interés que quieren tirarse abajo importantes reformas en curso, como los mineros informales y dirigentes cercanos a sindicatos extorsionadores, muestran poca o nula voluntad política para cambiar la forma precaria en que viene funcionando la política. Como en los años 90, se promete un Estado eficaz pero no necesariamente más democrático ni menos mafioso. Recordemos que la estabilidad y gobernabilidad autocrática de esa época se consiguió a costa no solo de represión de la protesta, sino, fundamentalmente, del debilitamiento institucional y la cooptación de potenciales rivales políticos. 

Por otro lado, la mayoría absoluta de FP en el Congreso no será necesariamente una garantía de gobernabilidad democrática. De ganar también el Ejecutivo, corremos el riesgo de que FP abuse del poder político, como el fujimorismo lo hizo en los 90. Este escenario es probable dado que FP no tendrá incentivos suficientes para ejercer la deliberación y negociar con sus insignificantes rivales políticos para la toma de decisiones. La estabilidad podría venir entonces a costa de la supresión de libertades y derechos democráticos fundamentales. Por otro lado, un escenario de conflicto entre Ejecutivo y Legislativo en un eventual gobierno de PPK dependerá también fundamentalmente de la disposición al diálogo y responsabilidad política que muestre la bancada de FP. Con solo 18 congresistas, PPK tiene, a diferencia de los fujimoristas, incentivos políticos para adoptar una estrategia de diálogo y negociación con las otras fuerzas políticas representadas en el Congreso, incluyendo a estos. 

Entonces, el principal problema que PPK tiene por delante es comprender la importancia de hacer política y de reconstruir la legitimidad de nuestras magulladas instituciones. FP, en cambio, tiene el olfato político necesario para gobernar, pero el gran riesgo es su excesivo pragmatismo. Como en los 90, FP prometería un modelo de estabilidad pragmática que construye alianzas que pueden atentar contra la legalidad e institucionalidad política. Sin modelo de desarrollo institucional, todo hace pensar que apostará por incrementar la inversión social sin que en el fondo nada cambie.

En mi opinión, entre una opción tecnocrática que tiene que aprender los enormes retos para construir legitimidad política y una opción política que se jugaría por una estabilidad mediocre, posiblemente antiinstitucional y sin garantías contra la corrupción, prefiero lo primero.