Hemos sentido, en los últimos meses, una creciente preocupación por los efectos que la inmigración de venezolanos podría tener en el país. En un contexto en el que habría casi 650 mil venezolanos viviendo en el Perú, principalmente en Lima, estudiar su impacto en el desarrollo económico se vuelve de vital importancia.
En una muestra de 700 migrantes venezolanos, encontramos que estos, en su mayoría, son jóvenes (entre 18 y 34 años), con una distribución etaria similar por género. Asimismo, el 40% de ellos tiene al menos educación superior universitaria completa, y sumando a los que poseen formación técnica, el porcentaje llega hasta el 73,6%, lo que significaría un aumento de la oferta laboral calificada.
Además, el 51% de migrantes que reportan tener algún empleo trabaja en el sector comercio, mientras que el 14% lo hace en el de turismo y restaurantes. Estas actividades serían las que mayor competencia laboral han recibido de esta migración, dada su mayor flexibilidad, e incluso informalidad laboral.
Al margen de su nivel educativo, un migrante venezolano reporta recibir cerca de S/1.170 al mes, una cifra mayor al sueldo mínimo.
En la medida en que las habilidades para el trabajo adquiridas en Venezuela sean fáciles de transferir a las ocupaciones en Lima, sus ingresos estarán más cerca a su potencial.
Una de las inquietudes centrales es que el incremento de la oferta laboral asociado a la inmigración, conlleve a una reducción de salarios y a un mayor desempleo. El salario en las actividades comerciales –el principal rubro que absorbe a estos inmigrantes– es probablemente el que más se deprimiría. De ser este el caso, trabajadores ya en condiciones laborales precarias serían los que, en mayor medida, lidien con los efectos de una mayor competencia laboral; es decir, menores salarios.
Una forma de resolver este impacto es aprovechar las habilidades de los migrantes en ocupaciones en las que tienen más experiencia. Nuevamente, si las destrezas adquiridas en Venezuela son transferibles a ocupaciones similares en Lima, su inserción laboral será menos complicada. Para que puedan ejercer su profesión, deben gestionar el reconocimiento del título ante la Sunedu. Así, programas de convalidación de títulos podrían ayudar a la diversificación de la oferta laboral fuera de los sectores de comercio y servicios.
Un planteamiento más complejo, pero no excluyente, para absorber esta oferta laboral calificada es descentralizarla hacia otras regiones con una demanda no cubierta. El Ministerio de Trabajo realiza una encuesta a empresas formales de 20 a más trabajadores que contiene dicha información, por sector económico y ocupaciones. Con estos y otros datos se podrían diseñar campañas de difusión e incentivos para ‘regionalizar’ la oferta calificada de migrantes. Una propuesta concreta, que se aplica en países como Canadá, podría ser la de ofrecer el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a aquellos que residan en ciertas regiones.
Si el objetivo del Estado es aumentar la productividad de los trabajadores (es decir, asignar eficientemente los recursos humanos), y ofrecer un camino adecuado para la inserción de los inmigrantes, debería explorar con seriedad estas medidas.