(Foto: Hugo Pérez / GEC)
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José Dextre

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Quizás la tarea más trascendente del Estado es brindar una educación de calidad a sus ciudadanos. Sin embargo, la incapacidad para definir una estrategia de largo plazo en el Perú ha venido frustrando este objetivo. Las diferencias políticas antagonizan la educación pública gratuita con la necesidad de promover la inversión privada. La meritocracia se contrapone al derecho laboral del docente. En todos los casos, el éxito demanda un consenso social que transforme la educación, de política de Gobierno a política de Estado.

Elaborar una política nacional educativa implica resolver tres retos: la situación docente (en particular, su actitud y desempeño), la calidad del aprendizaje de los estudiantes (fruto de las habilidades docentes) y la calidad de la gobernanza de las instituciones educativas (sus recursos humanos, metodologías pedagógicas e infraestructura física). Estos retos se acrecientan con el COVID-19, que ha implicado la pérdida de clases y de empleo docente, y el quiebre económico de muchas instituciones educativas.

La situación del profesorado es el primer y más grave reto por afrontar. El docente es el artífice del aprendizaje. Podemos tener una excelente infraestructura y un docente bien formado, pero sin su compromiso ni motivación no habrá un aprendizaje de calidad. Las altas exigencias para la carrera docente en países como Finlandia, Singapur y Corea del Sur son la base de sus buenos resultados educativos. Nuestra realidad nos muestra lo contrario. Tenemos una muy pobre valoración social de la carrera docente, y su baja remuneración –una sexta parte de la que tenían hace 50 años– genera que el 42,1% de los profesores deseen que sus hijos no sigan su profesión. Esto propicia que los aspirantes a la docencia sean, en promedio, los menos calificados del mercado laboral.

Por otro lado, el reto del logro de aprendizajes es preocupante. En promedio, solo uno de cada diez alumnos logró el año pasado resultados satisfactorios en comprensión lectora (14,7%) y matemáticas (9,5%). La investigación educativa muestra que, para cambiar esta realidad, requerimos docentes inmersos en una cultura de permanente evaluación que los motive a alcanzar sus mejores desempeños. Transformar la calidad del aprendizaje trabajando con docentes con problemas de formación y compromiso, y con un Minedu con dificultades para implementar una cultura de la evaluación, es una tarea titánica.

Los dos retos anteriores nos conducen al tercero: una gestión o gobernanza institucional atada a paradigmas tradicionales que han demostrado ser insuficientes. La cultura de la evaluación no ha podido implementarse porque el docente carece de un jefe directo con la capacidad para premiarlo o sancionarlo. Según las leyes del sector, la única autoridad es una entidad denominada ‘Consejo educativo’, formado por el director y representantes de los docentes, padres y estudiantes. A esto, se agrega que el Minedu difícilmente podrá evaluar a docentes de más de 100.000 colegios del país, pues 200 Unidades de Gestión Local (UGEL) son evidentemente insuficientes. Recordemos que la Sunedu se tomó casi cuatro años para evaluar a 140 universidades. Los datos muestran, además, que más del 50% de colegios no contó con material educativo para iniciar el año, más del 40% no cuenta con servicios básicos y más del 25% no cuenta con equipos directivos y docentes completos.

Para resolver un problema, lo primero es identificarlo con claridad. Ese ha sido nuestro objetivo. No es una tarea imposible; demanda compromiso e innovación. Creemos que se puede lograr.

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