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Los padres abrazaban a sus hijos detrás de las puertas cerradas de las guarderías mientras los disparos sonaban en las calles. Hombres con rifles y camiones en llamas bloqueaban carreteras claves y el acceso al aeropuerto. Cincuenta y un reclusos, incluyendo asesinos y secuestradores, escaparon de la cárcel.
Para evitar más derramamiento de sangre, el gobierno mexicano ordenó la liberación de Ovidio Guzmán López –hijo del condenado rey del narcotráfico Joaquín Guzmán, conocido como ‘El Chapo’–. Los pistoleros del cártel habían salido a las calles en respuesta al arresto de Guzmán López
Estos eventos se desarrollaron el jueves en la ciudad de Culiacán en el estado de Sinaloa. Fueron transmitidos en vivo por televisión y medios sociales, despertando temores sobre un fracaso en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El viernes, el presidente López Obrador defendió la decisión de ceder a la demanda del cártel de liberar a Guzmán López diciendo que evitó una masacre. “No se puede combatir el fuego con fuego... No queremos muertes. No queremos guerra”, dijo. El problema es que su gobierno no garantiza en absoluto la paz y la tranquilidad, y la violencia se desata a diario.
El llamado a liberar a Guzmán López en medio de la lucha fue una decisión difícil. Hay un debate válido sobre la respuesta adecuada a una situación de rehenes. Pero la decisión envía el mensaje de que los cárteles podrán utilizar la violencia para salirse con la suya. Las fuerzas de seguridad mexicanas desbarataron la operación desde el principio, arrestando a un sospechoso del cártel de Sinaloa sin suficiente apoyo para asegurar el área.
El presidente López Obrador necesita forjar una estrategia coherente que brinde una protección básica a los ciudadanos al tiempo que aborda los problemas más profundos que subyacen a la violencia. Casi un año después de haber asumido el cargo, las tasas de homicidio continúan a niveles récord de más de 3.000 al mes, mientras que la semana pasada se produjeron terribles incidentes como la emboscada y el asesinato de 13 agentes de policía en el estado de Michoacán.
El problema en México es que los cárteles han utilizado sus miles de millones para construir fuerzas paramilitares que arrasan con trozos del país. No es solo una guerra contra las drogas, sino también una guerra financiada por las drogas. Esa guerra no se detiene aunque el gobierno no los ataque.
El presidente parece estar luchando para conseguir el apoyo de todas sus fuerzas de seguridad. Creó una nueva Guardia Nacional para reforzar las tropas, pero muchos de sus miembros están ocupados impidiendo que los refugiados y migrantes centroamericanos lleguen a Estados Unidos.
El presidente López Obrador necesita conseguir el apoyo de sus fuerzas y enviar un mensaje claro de que los grupos criminales no pueden emboscarlos y asesinarlos. Necesita estas fuerzas para reducir la tasa de homicidios y evitar que los criminales armados tomen abiertamente el control de los centros de las ciudades.
Reducir el número de muertos en México es una tarea digna de Hércules, pero si la política sirve para algo, debería ser para salvar vidas.
–Glosado y editado–
© The New York Times
