El día después de mañana, por Luciano López Flores

El 30 de setiembre de 2019 ha pasado, ya, a la historia del Perú. Habrá que discernir si la Constitución, las instituciones que esta prevé o si los representantes elegidos para dirigirlas, han fallado. O quizás todas en conjunto.

En este quinquenio 2016-2021 que aún no termina, la Constitución ha sido puesta a prueba como nunca antes había sucedido en sus veintiséis años de vigencia. Las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, conceptualmente tensas, no han podido resolver, de manera efectiva, los problemas prácticos de la política nacional. La realidad superó a la ficción.

La fórmula adoptada por los constituyentes de 1993 para resolver los conflictos entre ambos poderes no previeron una situación en la que el Legislativo conceda la confianza a un Gabinete Ministerial para evitar ser disuelto. Y no concibió ningún mecanismo de desahogo efectivo. Esto nos pasó factura, sin duda.

Pero también los actores políticos, representantes de nuestras instituciones democráticas, fracasaron. Se negaron a dialogar y a lograr acuerdos que solucionaran la crisis.

Todo este escenario desnuda la fragilidad de nuestras instituciones democráticas y pone en evidencia que las reformas constitucionales de la estructura del Estado son una cuestión de urgencia. Una agenda pendiente de corto plazo. Las vías jurídicas ya no son efectivas. Ahora solo quedan vías políticas para concertar una solución integral. Y es que el 1 de octubre, hoy, amanecerá el Perú con tres normas publicadas: la disolución del Congreso, la suspensión del ingeniero Martín Vizcarra en el cargo de presidente de la República y el nombramiento de la economista Mercedes Araoz en dicho cargo.

¿Qué hacer? Llamar a la Organización de Estados Americanos es imperativo. La Defensoría del Pueblo debe prestar su concurso. Ambos deben gestar una mesa de diálogo que sirva de espacio de concertación de todos los actores políticos y de la sociedad civil. Allí se debe arribar a acuerdos y encontrar las fórmulas jurídicas de viabilizarlos. Así ocurrió con la mesa de diálogo que dirigió ese mismo órgano internacional en el año 2000.

En mi opinión, reformar los títulos IV (Estructura del Estado) y V (Garantías Constitucionales) de la Constitución es necesario. ¿Una Asamblea Constituyente? Muy riesgoso. Los extremismos de izquierda o de derecha podrían mover el modelo constitucional económico, por un lado, o los derechos, por el otro, con postulados fundamentalistas que los restrinjan. Podríamos ensayar una propuesta: rescatar del constitucionalismo histórico, de la Constitución de 1828 (la “madre de todas las constituciones”, como lo decía Manuel Vicente Villarán), la figura de la “Convención Nacional”, un órgano al que se le podía encargar reformas totales o parciales de la Constitución.

Habrá que apelar a la creatividad y a la voluntad para superar esta crisis. Y encontrar un camino que nos haga reconocer como país de cara al bicentenario. Si el Perú es primero, hay que demostrarlo. Con hechos, ya no con palabras. El país lo necesita.