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Recientemente, el ministro del Interior del Perú, Dimitri Senmache, escribió en su cuenta de Twitter que buscaba luchar contra la inseguridad ciudadana “al igual que en El Salvador” y tomando como referencia al presidente de mi país, Nayib Bukele. Como periodista salvadoreña, déjenme contarles un poco sobre la realidad de las acciones desplegadas por Bukele para combatir la violencia y el crimen en El Salvador, que tan poco se conocen en el exterior.
El Gobierno Salvadoreño usa TikTok y Twitter para compartir videos al estilo Hollywood que construyen la narrativa de un país seguro que no existe en la realidad. Nos vende una película de alto presupuesto que no resiste a la verificación de la política de seguridad implementada por Bukele. Los hechos que se esconden detrás de la propaganda desmienten este guion heroico.
No ha existido ningún plan ni de la policía ni del ejército salvadoreño para mantener la cifra de homicidios en niveles bajos en estos más de dos años. Tampoco es cierto el argumento de que los 87 asesinatos que se registraron entre el 25 y el 27 de marzo pasados fueron una venganza de las pandillas a causa del famoso y secreto “Plan Control Territorial” que Bukele ejecuta en contra de ellas desde que asumió como presidente en junio del 2019.
Esa rigurosa medida de seguridad que el poderoso aparato de propaganda de Bukele y sus voceros (ministros, diputados e incluso el propio fiscal general) reproducen en sus redes sociales se trata en realidad de un pacto secreto con las maras, que se rompió hace tres meses. Y el costo de negociar con las pandillas significó un derramamiento de sangre.
La Fiscalía General de El Salvador tiene pruebas de que Osiris Luna Meza, director de Centros Penales, y Carlos Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social, negociaron en nombre de Bukele con la Mara Salvatrucha y las dos facciones del Barrio 18 una reducción de homicidios y apoyo electoral a Nuevas Ideas, el partido creado alrededor de la figura de Bukele, a cambio de que sus integrantes recibieran un buen trato carcelario.
Existen fotos de funcionarios ingresando a un penal de máxima seguridad con hombres encapuchados y audios de escuchas telefónicas en los que pandilleros hablan sobre este pacto. La fiscalía tiene todo esto en su poder porque el entonces fiscal general, Raúl Melara, avaló que un grupo de fiscales investigara las negociaciones y otros actos de corrupción cometidos por funcionarios del gobierno de Bukele. ¿Por qué el caso no prosperó? Porque los diputados de Nuevas Ideas, el partido oficialista, ganaron la mayoría en el Congreso y, en su primer día de trabajo y sin seguir los procedimientos de la Constitución, destituyeron a Melara en mayo del 2021, cuyo mandato debía terminar formalmente el 5 de enero del 2022. En su lugar, impusieron a un hombre de confianza del bukelismo: Rodolfo Delgado.
En mayo, en el periódico digital “El Faro” publicamos una serie de audios entre los líderes de la Mara Salvatrucha y Carlos Marroquín que revelan que la matanza del 26 de marzo ocurrió porque se rompió el pacto entre el gobierno de Bukele y la MS-13. De esta manera, quedó al descubierto la nula efectividad del “Plan Control Territorial” que el gobierno de Bukele nos vende a los salvadoreños en las redes sociales.
El 27 de marzo, diputados de Nuevas Ideas aprobaron, a petición de Bukele, el régimen de excepción (una especie de ‘estado de emergencia’) que suprime varios derechos constitucionales. Bajo su vigencia, un policía o un soldado pueden arrestar a una persona solo por sospechar que pertenece a una pandilla y mantenerla detenida durante 15 días sin acceso a un abogado.
El gobierno de Bukele informó que hasta el 24 de junio capturaron a 42.259 pandilleros gracias al régimen de excepción. En las redes sociales, sin embargo, han aparecido denuncias sobre personas detenidas sin ningún vínculo con pandillas. Así también, organizaciones de defensa de los derechos humanos denunciaron la muerte de 52 personas que se encontraban bajo custodia del Estado en las cárceles donde, además, se registran casos de tortura y hacinamiento.
Gracias a que controla los tres poderes del Estado, el gobierno de Bukele ha aprobado una reforma legal para prohibirles a los medios de comunicación la “reproducción o transmisión de mensajes o comunicados” que presumiblemente hayan sido elaborados por las pandillas y “que puedan generar zozobra y pánico en la población”. Quien falta a esta ley se expone a sufrir entre 10 y 15 años de prisión. ¿Por qué callar a la prensa puede ser una medida para combatir a las maras? Porque amedrentar a los medios ciertamente no responde a un plan de seguridad, sino al interés principal de Bukele, que es controlar la narrativa de los hechos.
Bukele no ha dicho nada sobre sus funcionarios que negociaban con las pandillas. En cambio, su fiscal general mantiene una investigación abierta contra los fiscales que documentaron las negociaciones y los actos de corrupción cometidos en el primer año de su gobierno. Su fiscal nos ha amenazado públicamente a los periodistas que revelamos las negociaciones y el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que hacía seguimiento a periodistas que reportan temas de violencia.
El presidente Bukele se encuentra en una encrucijada. Transparentar su pacto con las pandillas representaría un golpe letal para la simpatía y el apoyo que gran parte de la población muestra hacia su gobierno (según indican varias encuestas). Pero claro, siempre es más fácil y ‘cool’ reproducir videos de buenos contra malos.
