El Perú como refugio

Acabamos de celebrar el Día Mundial del Refugiado, pero en lugar de mirar la situación de millones de personas refugiadas en otros países del mundo, como Ucrania, Myanmar o Siria, vamos a observar lo que sucede en nuestro país. El Perú tiene más de medio millón de solicitantes de refugio, en su mayoría personas venezolanas. Han huido de un país en el que, como ha documentado Amnistía Internacional, hay persecución política, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y alarmantes tasas de mortalidad materna e infantil. Un país en el que persisten las violaciones masivas de derechos humanos. Es claro que las personas que huyen de Venezuela necesitan protección internacional, pero el Estado Peruano no está garantizando esta protección.

El sistema de solicitud de refugio se encuentra cerrado desde que empezó la pandemia, por lo que solicitar esta condición en el Perú actualmente es casi imposible. Por otro lado, en Venezuela, los plazos para la expedición de visas en los consulados son muy largos y los requisitos, muy difíciles de alcanzar. Así las cosas, resulta casi imposible ingresar de manera regular al Perú. El resultado es que miles de personas terminan accediendo y viviendo en territorio peruano con una documentación precaria, que les limita el acceso a derechos básicos, y a las autoridades peruanas les impide tener un registro de quiénes ingresan y salen del país.

En Amnistía Internacional vemos con preocupación esta situación, pues la irregularidad es el campo más fértil para todo tipo de abusos y violencias. Registramos, por ejemplo, que muchas mujeres venezolanas, víctimas de violencia machista o de explotación sexual, no interponen denuncias en las comisarías por temor a ser expulsadas del país. Esto es especialmente grave si tenemos en cuenta que, según la organización CHS Alternativo, aunque las mujeres venezolanas representan apenas el 3% de las mujeres en todo el país, constituyen el 27% de las víctimas de trata a nivel nacional. Insistimos, por ello, en que la regularización migratoria es un paso fundamental para el ejercicio de derechos y para romper círculos de violencia.

Otro tema que nos preocupa son los discursos xenófobos y discriminatorios contra la migración venezolana, los que son incluso impulsados por autoridades y suelen incrementarse en campañas electorales, con mensajes basados en prejuicios y estereotipos que pretenden criminalizar la migración.

Estos discursos, que tratan como “delincuentes” a las personas extranjeras que no han podido regularizar sus papeles o a las que se les han vencido los plazos, pueden pasar a convertirse en acciones. Por ejemplo, en abril de este año, nueve mujeres fueron expulsadas del país y separadas de sus hijos menores de edad a través de un procedimiento exprés, sin el debido proceso, por no tener su documentación en regla. En esa misma línea, en el Congreso de la República, actualmente hay 14 proyectos claramente inconstitucionales y en contra de los derechos humanos, cuyo principal objetivo es criminalizar la migración, expulsando del país a personas por no tener sus papeles en regla, sin darles la oportunidad de poder regularizarse.

Tratar al extranjero como la causa de todos los problemas es una práctica que han utilizado muchos gobiernos a lo largo de la historia en distintos países del mundo. De esta manera, en lugar de plantear propuestas que contribuyan a garantizar los derechos de todas las personas, se lanzan mensajes y propuestas que, más allá de no solucionar los problemas que se exponen, vulneran derechos e impiden la integración y el aporte de la comunidad migrante y la comunidad de acogida. Según el Banco Mundial, la integración de las personas venezolanas en el Perú podría incrementar la productividad del país hasta en un 3,2%.

Por todo ello, desde Amnistía Internacional pedimos que se reabra el sistema de solicitud de refugio y se garantice un procedimiento transparente, en especial para las personas más vulnerables, como niños, niñas, mujeres gestantes y en período de lactancia. Resolver la cantidad de solicitudes de refugio es un desafío complejo para el Estado Peruano, pero existen mecanismos conocidos a nivel internacional que contribuirían a agilizar los procesos, como las aprobaciones colectivas a grupos de personas.

Finalmente, en esta fecha es importante tener presente algo esencial. Nadie deja su casa, su familia y todo lo que construyó durante años porque quiere. Las personas que solicitan refugio están huyendo de peligros. El desafío para los estados es enorme. La situación de movilidad humana que enfrenta la región no tiene precedentes. Las autoridades peruanas y la comunidad internacional tienen el enorme reto de abordar este nuevo escenario, redoblando responsabilidades y esfuerzos para diseñar políticas para una integración exitosa que beneficie a la población refugiada y a la población de acogida.