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El premio Nobel de Economía 2024 ha sido otorgado a los profesores Daron Acemoglu (MIT), Simon Johnson (MIT) y James Robinson (Chicago), en reconocimiento a sus estudios sobre el proceso de construcción de instituciones y cómo estas afectan la prosperidad de los países. En resumen, argumentan que los países que alcanzan altos niveles de bienestar son aquellos con reglas de juego claras, gobiernos que rinden cuentas y hacen respetar los derechos de propiedad, así como instituciones que generan oportunidades para todos y no solo para la élite.
Este premio debería resonar con fuerza entre los peruanos, ya que nuestras instituciones no son capaces de proteger al ciudadano de a pie, cuidando su propiedad privada, su seguridad ni su vida. Sin estas condiciones mínimas, las personas no tienen incentivos para invertir en capital humano y físico, y consecuentemente no contribuyen al desarrollo del país. En su lugar, surgen incentivos para la extracción de rentas, la formación de mafias y el crimen organizado, tal y como señala un estudio de los profesores Mehlum, Moene y Torvik, que debería ser de lectura obligatoria en las universidades peruanas.
¿Por qué algunos países no son capaces de construir instituciones que promuevan el bienestar? Hace algunas semanas, los autores de este artículo tuvimos la oportunidad de asistir a una conferencia del profesor Robinson, uno de los laureados, quien conoce profundamente la realidad de América Latina. Su hipótesis, en la que trabaja junto con el profesor José Luis Falconi (UConn), es que heredamos del período colonial una tendencia a las soluciones utópicas, a la que nos aferramos aunque resulten inútiles para enfrentar nuestros problemas reales. Esta disparidad entre lo aspiracional y lo práctico es lo que Robinson y Falconi denominan “desequilibrio fundamental”.
Este desequilibrio fundamental se manifiesta de diversas formas. Una de sus expresiones más claras es la tendencia a superponer reformas en lugar de reemplazar sistemas ineficientes. En vez de sustituir esquemas que no funcionan por otros mejores, preferimos adicionar nuevas estructuras a las ya existentes. Un ejemplo del Perú que ilustra la tendencia a acumular sistemas en lugar de reemplazarlos es la coexistencia de los sistemas nacional y privado de pensiones durante tres décadas.
Otra manifestación de este desequilibrio fundamental se observa en la tendencia de las autoridades a implementar soluciones superficiales, impulsadas más por el afán de mostrar acción que por resolver problemas de fondo. Ejemplos de estas soluciones superficiales son las mesas de diálogo sin seguimiento efectivo y la publicación de leyes pobremente fundamentadas. Un caso ilustrativo reciente es la respuesta al problema de las extorsiones y el sicariato, en el que la medida recurrente es declarar el estado de emergencia, una acción que no soluciona el problema.
El resultado de este apego a lo ideal y las dos manifestaciones referidas –acumulación de reformas y soluciones superficiales– es un marco institucional complejo (“barroco”, en palabras de Robinson y Falconi), alejado de la realidad y lamentablemente inútil.
El futuro del Perú depende de nuestra capacidad para construir instituciones que respondan a nuestras necesidades reales, evitando el “barroquismo” institucional y priorizando la funcionalidad sobre la utopía. Solo así podremos asegurar un sistema que verdaderamente proteja y promueva el bienestar de todos los peruanos.
