En defensa de la educación de calidad

Desde que asumí funciones en el Congreso he tenido bastante clara la agenda que debe impulsarse en beneficio de la ciudadanía. Y siguiendo ese derrotero de búsqueda del bien común, por encima de intereses personales, emerge ahora un problema que hay que enfrentar decididamente: la amenaza a los avances que desde el 2014 se vienen dando en favor de una educación superior universitaria de calidad.

Una tarea que empezó con el excongresista Daniel Mora, expresidente de la Comisión de Educación del Congreso, quien impulsó la Ley Universitaria que enarbola la defensa de los derechos de los jóvenes a acceder a una buena educación. Si en los 80 se marchaba por la defensa de la autonomía universitaria y en el 2000 se tomaban plazas por el abandono de la educación pública por parte del Estado, en el 2014 la Ley Universitaria tuvo como espíritu la defensa de la calidad educativa.

Y vaya que hubo avances. Se triplicó el número de publicaciones en las universidades y hemos dejado de ver facultades de medicina dentro de centros comerciales. No obstante los avances en ocho años de reforma universitaria, un grupo minúsculo gatilla una corriente contra la reforma. Se intenta dar un zarpazo que, a mi juicio, tiene como combustible intereses personales y de grupo.

De lo contrario, no se puede entender cómo ciertos colegas se oponen a los pasos gestados en función de políticas públicas en favor de la calidad de la educación superior universitaria. No se trata de defender sin argumentos a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu), sino de salvaguardar lo avanzado.

Quienes están a favor de la contrarreforma universitaria hablan de recuperación de una autonomía que está vigente y respaldada por ley. Cuestionan el Consejo Directivo de la Sunedu, pero en lugar de intentar corregirlo, quieren patear el tablero y volver al 2014.

Desde que se implementó la reforma universitaria, 145 universidades fueron las que solicitaron el licenciamiento. De ellas, 93 universidades y dos escuelas de posgrado lo obtuvieron y 50 no alcanzaron los estándares mínimos de calidad. De las 50 casas de estudios con licencia denegada, 48 fueron universidades privadas y dos públicas.

Sin embargo, la disolución de la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) ha traído consigo un interés por quienes, de alguna forma, se vieron afectados, tanto por la nueva ley como por el no licenciamiento.

Nos quieren hacer retroceder y luego de que el Ejecutivo observara la autógrafa de la ley que atenta contra la reforma universitaria, la Comisión de Educación aprobó la insistencia que posteriormente será elevada al pleno.

Hace unos días, apoyé el foro “Por la defensa de la educación de calidad”, donde contamos con la participación de alumnos de universidades públicas y privadas, incluyendo a las asociaciones interculturales (wampis-awajún), quienes coincidieron en que debe rechazarse la insistencia porque está motivada por intereses particulares.

Hago un llamado a la reflexión a mis colegas. En lugar de debilitar la Sunedu, hay que fortalecerla. La ciudadanía exige resultados y esta es nuestra oportunidad para demostrar que los congresistas estamos de su lado. Deben saber que el modelo de aseguramiento de la calidad educativa universitaria tiene tres ejes: Minedu, Sunedu y Sineace.

El mercado pide un 15% de profesionales universitarios y un 18% de técnicos, pero la formación universitaria concentra el 65,8% de la formación. El problema universitario no se resolverá mirando solo a la universidad. Queda como tarea alentar la oferta técnico-productiva, pues, de lo contrario, seguirá la presión social por ingresar a la universidad.

Finalmente, debo resaltar que cuando se confronta a quienes intentan debilitar el proceso en defensa de la calidad educativa, no se encuentran argumentos, sino solo puntos de vista gaseosos. Hay mucho interés de por medio. Demasiado.