Una de las consecuencias más dramáticas de la crisis política es la debilidad, cada vez mayor, de los gobiernos. No pueden garantizar derechos; por ejemplo, a la seguridad. Millones de peruanos tienen que pagar semanalmente al crimen organizado para que puedan trabajar e, inclusive, para vivir. Aquí se ha roto el contrato social: si el Estado no me protege y no me asegura el ejercicio de mis derechos fundamentales, entonces, ¿para qué sirve?
Esta pregunta se hizo en Ecuador hace siete años, cuando los operadores de los cárteles mexicanos empezaban a controlar los puertos de Guayaquil y de Manta para despachar a Europa y Estados Unidos drogas cocaínicas. Nadie quiso responder y ahora están pidiendo auxilio internacional para investigar el asesinato de un candidato presidencial.
En poco tiempo, Ecuador ingresó a ese bucle de tiempos violentos por los que transitaron los países que convivieron con las estructuras criminales como Colombia (con los cárteles de Cali y Medellín) y México, que aún no sale del marasmo también con los cárteles de la droga.
El Perú, justo ahora, es una perita en dulce para el crimen organizado transnacional. La corrupción política y los gobiernos timoratos son los factores constantes de la ecuación. Las economías ilegales están muy florecientes, especialmente las del oro ilegal, la cocaína y la trata de personas con fines de explotación sexual. Los penales están completamente hacinados y, por añadidura, políticos corruptos han pretendido instrumentalizar a la policía, debilitándola peligrosamente.
En este contexto, han ingresado hasta tres megaestructuras criminales transnacionales: una por el norte del país, siguiendo a la estampida de millones de venezolanos que huyen del hambre y la dictadura del “socialismo del siglo XXI”. El Tren de Aragua en poco tiempo está ‘gerenciando’ las extorsiones y la trata de personas en Lima y otras 12 regiones del país. Aprovechando el camino abierto por el mencionado tren, también incursionaron Los Tiguerones de Ecuador, que se dedican a lo mismo. Aquí vamos a tener un primer choque y los muertos y heridos se van a contar, como en Ecuador, por miles. Es posible que el epicentro de esta primera definición sea en Piura, pues el puerto de Paita es estratégico para sus fines.
La tercera organización criminal transnacional viene desde Brasil, siguiendo la ruta de la coca y la cocaína. El Comando Vermelho, que controla las favelas de Río de Janeiro y los estados al norte de Brasil, ya está en Loreto y Ucayali; coincidentemente, ambas regiones son las que reportaron el mayor crecimiento de coca ilegal en los últimos cuatro años. A propósito, una pregunta al vuelo para la secta religiosa que, además, tiene un partido político: ¿a quién venden la producción de las cinco mil hectáreas de coca que cultivan en la provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto)? Sabemos que para consumo tradicional no es.
Mientras tanto, el Congreso sigue legislando para favorecer a la minería ilegal. Hay siete proyectos de ley para legalizar toda la coca y se pretende destruir a la colaboración eficaz, muy necesaria precisamente para enfrentar a estos criminales. El Gobierno sigue sin entender la magnitud ni la naturaleza del problema. Las empresas de telefonía, aprovechando esa muy conveniente falta de autoridad, siguen vendiendo ‘chips’ callejeros a sabiendas de que son utilizados para las extorsiones.
La crisis política seguirá distrayendo la atención de este y otros problemas centrales, pero advertimos, nuevamente, que estamos en la mayor crisis de seguridad de nuestra vida republicana. Las mencionadas organizaciones criminales están en pleno proceso de expansión. Cuando lleguen a la fase de control territorial será muy tarde. Es el ciclo que siguieron los países que ahora se encuentran en el infierno. Previamente, es muy posible que se produzca un segundo choque; es decir, la pelea por el control de las economías ilegales y de territorios. Conociendo cómo se resuelven estas disputas, probablemente también terminemos pidiendo auxilio internacional. ¡Queda muy poco tiempo!