Los estertores de la dictadura Ortega-Murillo, por María José Guerrero

Nicaragua dio un vuelco de 180 grados el 18 de abril de este año con el inicio de las protestas para el adelanto de las elecciones en ese país. Atrás quedaron la mansedumbre de un pueblo y la máscara del régimen de los Ortega-Murillo. De acuerdo con la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, son más de 500 vidas las que ha cobrado el voraz apego al poder de los dictadores a manos de la policía, en colusión con bandas de paramilitares. Un fenómeno desconocido e inesperado para un país que hasta hace unos meses se encontraba entre los más pacíficos de Centroamérica.

La lista de presos políticos incrementa exponencialmente cada día, engrosada principalmente por jóvenes universitarios acusados de participar en las marchas contra el gobierno, por líderes campesinos como Medardo Mairena y Pedro Mena, detenidos ilegalmente en el aeropuerto de Managua desde el 13 de julio, y por cualquier ciudadano de a pie por el solo hecho de demostrar públicamente algún atisbo de protesta en contra del régimen.

Tras unos meses de tensa calma, el gobierno de los Ortega-Murillo ha reanudado su arremetida contra la prensa independiente y organismos no gubernamentales críticos del régimen. Son varios los periodistas con líneas editoriales disidentes del oficialismo que han reportado amenazas de muerte, persecución e intimidación desde el inicio las protestas; algunos incluso se han visto obligados al exilio. La semana pasada, los dictadores ordenaron el allanamiento y ocupación ilegal de las instalaciones de varios medios de comunicación, entre ellos los noticieros “Esta semana”, “Esta noche” y “Confidencial” del periodista Carlos Fernando Chamorro.

El Congreso nicaragüense, dominado por el oficialismo, en un acto de autoritarismo y falta de institucionalidad, ha cancelado de un plumazo la personería jurídica a nueve ONG que han denunciado los abusos del gobierno; las oficinas de estas organizaciones también han sido asaltadas y saqueadas por la policía en lo que va de la semana. Es muy alarmante que los encargados de ejecutar estas oscuras órdenes superiores sean miembros de la policía de Nicaragua, institución que supone defender los derechos e intereses de la sociedad civil.

Ante estos hechos, Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se pronunció este fin de semana instando al régimen a cesar el hostigamiento a la prensa independiente, organismos civiles, así como la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Por su parte, el Perú emitió un comunicado a través de la Cancillería condenando la intensificación de la represión. Sin embargo, el régimen de los Ortega-Murillo no ha dado señales de enmienda ante los copiosos pronunciamientos condenatorios de distintos gobiernos, organismos internacionales y líderes de opinión.

Frente a la agudización de la violencia política y la ascendente represión que Ortega ha desatado contra su pueblo toca preguntarse qué medidas adicionales debería tomar la comunidad internacional hacia el régimen. El aislamiento político debe ser acompañado de la suspensión de la cooperación económica y del otorgamiento de préstamos a la dictadura. El senado de los Estados Unidos aprobó recientemente la ley conocida como la ‘Nica Act’ que establece que todos los préstamos que realice Nicaragua ante los organismos financieros internacionales sean votados en contra por Estados Unidos; además, mediante una orden ejecutiva del presidente Donald Trump, decretó sanciones contra la vicepresidenta Rosario Murillo y contra Néstor Moncada Lau, asesor en la sombra de la pareja presidencial y responsable del manejo detrás de bambalinas de la desprestigiada fuerza policial.

El golpe de gracia hacia la desestabilización definitiva del régimen dictatorial de los Ortega-Murillo dependerá primordialmente de los actores de la sociedad civil nicaragüense, de la empresa privada y de una población desafiante y movilizada. Ante la sordera de los tiranos, la población necesita más que nunca que los líderes de la región dirijan sus voces y esfuerzos para coadyuvar a la supervivencia y fortalecimiento de las instituciones sociales, económicas y políticas de ese país; para vencer el miedo y fortalecer la confianza en su propia capacidad para vencer a la cruel dictadura.