Denunciaron, pero las asesinaron, por Wilson Hernández Breña

Hay datos que informan. Otros golpean. Entre el 2009 y el 2017, 23 de cada 100 mujeres víctimas de feminicidio íntimo habían denunciado previamente a su pareja, según datos del Registro Administrativo de Feminicidios (en adelante, el Registro) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hasta cierto punto, fueron muertes evitables. Esta proporción fue mucho menor (7%) en los feminicidios no íntimos. La clave está en esa intimidad.

Los feminicidios íntimos son cometidos por (ex) parejas, familiares o amigos, quienes al haber vivido cerca de la víctima (de ahí la caracterización como íntimos) han estado expuestos a una mayor probabilidad de ser denunciados. Son asesinos con historial de agresión a la misma mujer (69% las había agredido físicamente con anterioridad, según el Registro). En cambio, los feminicidios no íntimos son cometidos por desconocidos y de ahí que casi no se los denuncie.

Concentrémonos en ese 23% de mujeres que denunciaron a quien luego las mató (o que el Estado en cierta forma abandonó). ¿Es posible detectar esos casos antes de la tragedia fatal? Dejo tres ideas.

Primero, preparar mejor a la policía para proteger a las denunciantes expuestas a violencia con riesgo de feminicidio. En el 2018, la policía debió ejecutar 167 mil medidas de protección en el ámbito nacional a favor de mujeres que denunciaron violencia (desde órdenes de alejamiento hasta resguardo permanente). Pero ni siquiera destacando a todo el personal de comisarías (47 mil, según el último Censo de Comisarías del 2017) se hubiera logrado.

Se necesitan más policías y mejor apoyo logístico, pero antes debemos discutir la necesidad de modificar la organización de la policía para crear (1) una dirección especializada en violencia hacia las mujeres (actualmente cuenta con una unidad de menor nivel que hace mucho con poco) y (2) una especialidad en el tema dentro de la formación policial (a lo largo de toda la carrera). Así existirán mejores condiciones para generar mayor compromiso y sensibilización de los policías frente a casos de violencia contra las mujeres. Evidencia internacional muestra que los policías más comprometidos y sensibilizados son los que mejor atienden a las mujeres que denuncian violencia de sus parejas. La clave también está en las capacitaciones. Debe evaluarse si cambian los estereotipos de género en los policías y si impactan en la atención de denuncias de violencia en comisarías. Si no es así, las capacitaciones son dinero perdido.

Segundo, hay que recurrir a soluciones tecnológicas. Algunos denunciados podrían ser obligados a emplear grilletes electrónicos. El botón de pánico (aplicación en celular o como dispositivo especial que alerte a la comisaría y patrulleros más cercanos) debe ser la regla para las denunciantes con riesgo de moderado a alto de ser nuevamente agredidas. Ambas opciones pueden ser viabilizadas mediante asociaciones público-privadas (ya hay una sobre grilletes electrónicos para otros delitos) y deberían ser gratuitas para las denunciantes.

Tercero, se debe aplicar la valoración del riesgo a los denunciados. Es una especie de encuesta (con base científica sólida) aplicada a estos. Se suman las respuestas y se obtiene un puntaje. A mayor puntaje, mayor riesgo de que el denunciado agreda con severidad a su denunciante. Este criterio cuantitativo implica un insumo adicional para identificar a víctimas con riesgo de feminicidio y ofrecerles un servicio acorde a sus necesidades. Esta especie de encuesta se usa en otros países, como España. Incluso es un instrumento más útil que valorar ese mismo riesgo en las mujeres denunciantes, tal como ahora se contempla en nuestra normativa. La promoción de esta propuesta es normativa y recae en el Congreso.

La finalidad de estas ideas es que denunciar sea útil. Ganamos todos, sobre todo ellas.
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