El doctorado honoris causa conferido por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a los embajadores Allan Wagner y José Antonio García Belaunde, agente y coagente del Perú en el exitoso proceso de La Haya, ha coronado el reconocimiento nacional e internacional a este nuevo y brillante logro de la diplomacia peruana.
Como peruano, recibí emocionado la sentencia del más alto tribunal del mundo, la cual terminaba la controversia sobre delimitación marítima que por décadas mantuvimos con Chile. La decisión inapelable de la Corte Internacional de Justicia no solo incorpora a nuestro dominio marítimo cerca de 50.000 kilómetros cuadrados, sino que concluye la definición del perfil geográfico del Perú. Muchas generaciones de diplomáticos han dedicado lo mejor de su talento a labrar soluciones pacíficas y jurídicas a problemas tan graves como los que tuvimos con Chile y Ecuador.
Me reconforta que la opinión pública reconozca la actuación de nuestra diplomacia en este trascendental triunfo nacional, al que tantos otros expertos han contribuido. Tres gobiernos democráticos demostraron admirable continuidad en una política de Estado vital para el Perú. Fueron diplomáticos quienes organizaron y coordinaron el formidable esfuerzo de juristas internacionales, expertos y miembros de nuestras Fuerzas Armadas. El respaldo unánime de medios políticos, informativos, empresariales, sociales y culturales se tradujo en el ejemplar clima de serenidad que presidió la implementación del fallo, que permitirá construir la agenda de futuro que los pueblos del Perú y Chile merecen y necesitan.
Muchos que ya no están con nosotros sentaron las bases de la posición peruana en La Haya, destacaron su labor pionera en el arduo y complejo trabajo que permitió codificar un nuevo derecho del mar que contemplara los intereses de los países en desarrollo. La Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar es el resultado monumental de ese esfuerzo multilateral. Son sus normas las que han sustentado nuestra demanda ante la corte. Decepciona, por tanto, que percepciones erradas impidan hasta ahora que seamos parte de ese tratado, una de las obras más acabadas de la cooperación internacional que podría beneficiarnos en tantos otros campos.
Por su preparación y compromiso con el interés nacional, los miembros del servicio diplomático cuentan con una impresionante cantidad de premios. Innumerables son sus estudios internacionales y publicaciones políticas, jurídicas, históricas, geográficas y literarias. Dos de ellos presidieron la Corte Internacional de Justicia y la Asamblea General de las Naciones Unidas, y un tercero dirigió su Secretaría General. Otros han sido distinguidos con altas responsabilidades en organizaciones internacionales.
La agenda mundial es cada día más compleja. A la seguridad y solución pacífica de conflictos se suman el desarrollo económico y social, y otros campos en que debemos participar: promoción de inversiones, apertura de mercados, propiedad intelectual, defensa de la democracia y derechos humanos, medio ambiente y cambio climático, terrorismo, tráfico ilícito de drogas, armas, sustancias tóxicas y de personas. Las nuevas tecnologías y la globalización exigen adaptar el derecho internacional y modernizar los organismos que permiten gobernanza mundial en áreas antes desconocidas. La difusión del extraordinario patrimonio de las antiguas culturas que nos distinguen y prestigian es parte de nuestra política exterior. Y también lo es la protección y apoyo a los compatriotas en el exterior, que son fuente de riqueza y orgullo para el Perú.
Torre Tagle es la meritocracia más tradicional e institucionalizada del país. Sin embargo, es la peor tratada en su estatuto económico y previsional. Las remuneraciones no retribuyen el esfuerzo ni estimulan la incorporación de jóvenes talentos; y las pensiones – aun las de las viudas– son injustamente pobres. Es doloroso que el esfuerzo estatal para promover la meritocracia en el sector público haya discriminado al servicio diplomático.
Como en mi ya lejana juventud, siento el honor y el orgullo de formar parte de quienes silenciosa y profesionalmente, sin jamás reclamar la exclusividad del patriotismo, han sabido y saben defender los derechos de la patria y promover sus intereses fundamentales. Es de esperar que el Estado les haga justicia.