Inmunizar a los reclusos, por Emily Bazelon

¿Quién está al frente de la fila para una vacunación contra el coronavirus? Es una pregunta que cada Estado debe responder. Una prueba crucial de su compromiso con la salud pública y la ética será cómo tratan a quienes están tras las rejas.

Las personas en la cárcel tienen cuatro veces más probabilidades de estar infectadas con el coronavirus y el doble de probabilidades de morir a causa de él, según la Comisión Nacional de COVID-19 y Justicia Penal. Una base de datos del “New York Times” muestra 200.000 infecciones y 1.450 muertes entre personas encarceladas y agentes penitenciarios.

Los brotes en prisiones también representan un grave peligro para la comunidad circundante. Un estudio publicado en la revista “Health Affairs” en junio rastreó el 16% de los casos de COVID-19 en Chicago, hasta mediados de abril, hasta un nodo de infecciones en la cárcel del condado de Cook.

En octubre, las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina dieron a conocer un marco para la asignación equitativa de las vacunas. Las personas de 65 años o más en prisiones y cárceles, y las de edad similar en hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida, se clasificaron justo detrás de los trabajadores de atención médica y los trabajadores médicos de emergencia en la lista de prioridades de la fase 1.

Las recomendaciones de las Academias Nacionales subrayan dos puntos cruciales. Las personas que están encerradas tienen poco o ningún control sobre si pueden distanciarse socialmente o si tienen acceso a máscaras y otros equipos de protección. Y las cárceles y las prisiones son vectores de brotes que los guardias, los visitantes y los liberados pueden propagar fuera de sus muros.

Pero algunos funcionarios descartan los argumentos pragmáticos y éticos para la vacunación temprana de los reclusos.

El martes, el comité que asesoró a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el lanzamiento de la vacuna incluyó a residentes de hogares de ancianos e instalaciones de atención a largo plazo (junto con trabajadores de la salud) en su recomendación de que las primeras personas reciban la vacuna. Pero no las personas mayores en la cárcel o prisión.

El director del CDC, Robert Redfield, aceptó la orientación del panel el miércoles. Su decisión no es vinculante para los estados, pero se espera que tenga influencia. Con alrededor de 21 millones de trabajadores de la salud y trabajadores médicos de emergencia en todo el país, y alrededor de tres millones de residentes de hogares de ancianos y de vida asistida, hay competencia por los 22,5 millones de vacunas de Pfizer y Moderna.

Los 400.000 funcionarios penitenciarios del país también deben contarse como trabajadores críticos y de alto riesgo. El plan actual de la Oficina Federal de Prisiones para dar su primera asignación de vacunas al personal mayor de 65 parece dudoso, epidemiológica y éticamente, sin evidencia de que las vacunas del personal sean suficientes para detener la propagación de la infección.

Algunos estados han redactado pautas en las que se da prioridad a las personas encarceladas junto con otras en entornos de vida congregada. Pero a medida que los estados finalicen sus planes, la política podría obligar a las personas en la cárcel a quedarse al final de la línea.

A medida que la promesa de la vacunación se hace realidad, detener la propagación de la infección y reconocer nuestra humanidad compartida deben ser nuestras principales prioridades. Vacunar a las personas tras las rejas sirve para ambos objetivos.

–Glosado y editado–

© The New York Times