Israel y las organizaciones palestinas, por Zena Agha

El 19 de octubre, el Ministerio de Defensa israelí destacó a seis de las organizaciones palestinas de derechos humanos y de la sociedad civil más prominentes, utilizando pruebas secretas y hasta ahora insuficientes, para acusarlas de ser organizaciones “terroristas” con vínculos con un grupo militante. Pocos días después, Israel aprobó la construcción de más de 3.000 nuevas unidades de asentamiento en Cisjordania y anunció planes para duplicar la población judía-israelí en el valle del Jordán para el 2026.

La criminalización efectiva de las instituciones palestinas y la expansión de los asentamientos son dos caras de la misma moneda. El objetivo es claro: silenciar la supervisión independiente de las violaciones de derechos humanos de Israel que se interponen entre la anexión total de Cisjordania y la rendición de cuentas internacional.

Los grupos objetivo (Al-Haq, Defense for Children International Palestine [D.C.I.P.], la Unión de Comités de Trabajo Agrícola, Addameer, el Centro Bisan de Investigación y Desarrollo y la Unión de Comités de Mujeres Palestinas) son imprescindibles para la sociedad civil palestina. Durante más de tres décadas, la documentación rigurosa, el monitoreo, la recopilación de datos y la promoción internacional de los grupos han sido vitales para revelar la realidad y a menudo son el primer puerto de escala para los diplomáticos, las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general que confía en ellos para evaluar lo que está sucediendo en los territorios ocupados.

Como consecuencia del trabajo de estos grupos, las autoridades israelíes han asaltado oficinas y hostigado al personal de estas y otras organizaciones durante años.

Los grupos internacionales de derechos humanos conocidos por documentar las violaciones de derechos de Israel tampoco se han librado. En el 2019, Israel deportó al director de Human Rights Watch para Israel y Palestina, Omar Shakir, después de una larga batalla legal, y ese mismo año impuso una prohibición de viaje al activista de Amnistía Internacional con sede en Cisjordania, Laith Abu Zeyad.

Estas tácticas son aparentemente parte de un movimiento continuo más amplio para deslegitimar, retirar fondos y destripar permanentemente a las ONG palestinas.

Estos ataques a la sociedad civil no se limitan a las organizaciones que operan en Israel, Gaza y Cisjordania. Se detectan en las salas de audiencias, campus y oficinas gubernamentales de Europa y América del Norte a través de campañas de difamación, la proliferación de leyes anticonstitucionales contra el boicot y demandas destinadas a distraer y agotar a las organizaciones sin fines de lucro que brindan solidaridad a la sociedad civil palestina.

Pero, ¿por qué etiquetar a estos grupos de “terroristas” ahora? Sin lugar a dudas, Estados Unidos y Europa son los destinatarios de la designación. Parece que el objetivo de Israel es convertir en arma la infraestructura en expansión de las leyes antiterroristas creadas en todo el mundo después del 11 de setiembre.

Aún no se han confirmado todos los efectos de la designación. En términos reales, abre la puerta a un mayor hostigamiento del personal y los recursos de estas organizaciones, aumentando el riesgo de arresto y posible procesamiento. Además, si la comunidad internacional está de acuerdo con la designación de Israel, estas organizaciones podrían ver el final de su recaudación de fondos.

Los grupos de la sociedad civil palestina y los organismos internacionales de derechos humanos han pedido a Israel que anule de inmediato estas designaciones. Cualquiera que esté preocupado por proteger las instituciones democráticas debe apoyarlos.

–Glosado, editado y traducido–

© The New York Times