La Comunidad Andina (CAN) está atravesando una lamentable crisis político-institucional, consecuencia de la asfixia financiera a la que los gobiernos de los países miembros –Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú– están sometiendo a su Tribunal de Justicia. Las cantidades adeudadas por los países son insignificantes para cualquier presupuesto nacional, pero pueden tener consecuencias trágicas: desalojo del Tribunal de su sede por impago de la renta y cese de actividad con la consiguiente privación de justicia para 110 millones de ciudadanos y miles de empresas. La crisis de la CAN no es nueva ni reciente –la actual situación remonta sus causas a la retirada de Venezuela en el 2006–, pero sus consecuencias pueden acarrear daños incalculables.
Contenido sugerido
Contenido GEC