La impunidad como respuesta, por Marlene Molero Suárez

El lunes, la Comisión de Ética del Congreso decidió no abrir una investigación contra el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, de Fuerza Popular, por denuncias de violencia contra su expareja. Tres días después, la comisión se vio obligada a revertir su decisión ante la presión pública y el pedido de varios congresistas. Las denuncias contra el parlamentario no son menores y hacen referencia a actos de violencia física, difusión de material con contenido sexual y amenazas a la denunciante para que guarde silencio. Esto último habría ocurrido hace un par de semanas.

Las excusas para no abrir la investigación fueron lamentables y revelaron un profundo desconocimiento de los avances normativos. Se centraron en aspectos que son un problema constante para las mujeres que denuncian violencia: no hay pruebas, se trata de un asunto privado y se debió denunciar en su momento.

No hay pruebas.

Falso. La Ley 30364 –ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres– establece que para interponer una denuncia no se exige la presentación de pruebas. Hay una etapa destinada para este fin y para eso se debe abrir investigación. Y si bien el Código de Ética Parlamentaria establece entre los requisitos para iniciarla que de los indicios o pruebas presentadas u ofrecidas se pueda llevar a cabo la misma, la primera respuesta de la Comisión de Ética dejó de lado que la declaración de la víctima es prueba y puede por sí misma ser suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia (reglamento de la Ley 30364).

Es un asunto privado.

Falso. Hace casi 30 años que la violencia que sucede en el ámbito familiar es delito. Es urgente que dejemos de verlo como un tema privado en el que no hay que involucrarse. Estamos frente a un problema que afecta a seis de cada diez mujeres en el Perú. Esto significa que más de la mitad de nosotras va a pasar en su vida adulta por alguna forma de violencia por parte de su pareja o expareja. Con esta dimensión del problema, es inconcebible seguir catalogando esta situación como un problema de pareja.

Se debió denunciar en su momento.

Falso. Los plazos de prescripción en estos casos oscilan entre los tres y los doce años, dependiendo de la gravedad de la agresión. Cualquier comentario que insinúa que una denuncia pierde veracidad si no se hace inmediatamente se basa en imaginarios sobre cómo debe reaccionar una víctima en una comprensión real del problema. Reconocerse como víctima no es fácil y decidir denunciar lo es menos.

Lo que hemos visto esta semana es que, una vez más, la violencia contra la mujer es tolerada por nuestras autoridades. En el caso del congresista Cordero Jon Tay, no solo son graves los cinco votos para no abrir investigación, sino también las seis abstenciones. Y pese a las críticas que desde el Ejecutivo se han hecho en este caso, la situación ahí no es distinta. Los ministros de Transportes y Comunicaciones, Ambiente y Vivienda fueron designados habiendo tenido denuncias por violencia familiar, acoso e, incluso, trata. Y ni qué decir del exprimer ministro Guido Bellido. Mismo comentario para los partidos políticos que incluyen en sus listas y mantienen en sus filas a personas con este perfil.

Y, lamentablemente, el tema no queda ahí. Las denuncias de mujeres que encuentran barreras y una mala atención en comisarías y medicina legal cuando denuncian un caso de violencia son constantes. Recientemente, “Ojo Público” reveló que 368 fiscalías provinciales a nivel nacional incurren en acuerdos con agresores y dejan de investigar, valiéndose de figuras legales que están prohibidas en casos de violencia hacia las mujeres.

Las mujeres somos la mitad de la población en el Perú y merecemos una respuesta contundente, seria y consecuente por parte de todos los poderes del Estado. #YaEsYa.