La migración y el crimen, por Feline Freier y Óscar Rosales Krumdieck

En 1991, la peruana Rocío Mazuelos fue detenida junto a su esposo por un oficial argentino en una estación del metro de Buenos Aires. El policía les pidió sus documentos y, cuando no los pudieron presentar, los insultó tildándolos de “ilegales”. Los puso contra la pared como si fueran delincuentes y, en palabras de Rocío para el “Latin America News Dispatch”, empezó a decirles a las personas que pasaban: “estos son los que roban, mírenlos”. Al igual que muchos peruanos que emigraron a causa de la violencia y la grave crisis económica que atravesaba el Perú en la década de 1980, Rocío y su esposo buscaban un futuro mejor en Argentina. Estaban aún regularizando sus papeles y, para este oficial, eran, por lo tanto, delincuentes.

Lo que refleja este incidente es la criminalización de la migración: la construcción social de la idea del inmigrante como una amenaza para la seguridad. Para el expresidente estadounidense Donald Trump, México envía a EE.UU. violadores y vendedores de drogas. Para políticos de la ultraderecha en muchos países europeos, los refugiados musulmanes son terroristas. Y para cada vez más políticos en nuestra región, los inmigrantes y refugiados venezolanos son los que aumentan el crimen y la violencia.

Esta criminalización xenófoba tiene raíces históricas. No cambian mucho los discursos, sino las nacionalidades de los grupos de inmigrantes que son discriminados. Por ejemplo, al inicio del siglo pasado eran los italianos los inmigrantes criminalizados en Estados Unidos. Según el “New York Times”, la Comisión de Inmigración concluyó en un informe de 1911 que “ciertos tipos de criminalidad son inherentes a la raza italiana. En la mente popular, los delitos de violencia personal, el robo, el chantaje y la extorsión son peculiares del pueblo de Italia”. En consecuencia, la Ley de Inmigración estadounidense de 1924 prohibió la inmigración de la mayoría de los italianos, lo que hizo que la inmigración procedente de Italia disminuyera en un 90%. Visto en retrospectiva, el accionar de las autoridades estadounidenses fue una barbaridad.

Reflejando semejante ridiculez, en los últimos años diferentes políticos peruanos han recurrido a una narrativa que criminaliza a los migrantes venezolanos. El último incidente en este proceso de criminalización del migrante fue el fallido intento de expulsar a 41 ciudadanos venezolanos que no registraban denuncias ni sentencias penales en nuestro país. El propio presidente Pedro Castillo se presentó para “supervisar” la expulsión de los ciudadanos venezolanos que ni siquiera contaba con la autorización del gobierno de Venezuela para realizarse. Castillo parecía querer imitar a Martín Vizcarra cuando, en el 2019, convocó a una conferencia de prensa el día de la deportación de 52 ciudadanos venezolanos. Ese día, con el supuesto fin de garantizar una migración segura y ordenada, Vizcarra anunció también la introducción de la visa humanitaria que –lejos de ser una medida humanitaria– redujo el tránsito legal en nuestro país y fomentó la migración irregular.

Hoy, el canciller Óscar Maúrtua ha justificado el bochornoso espectáculo de la deportación fallida alegando un “clamor popular” contra los ciudadanos venezolanos que delinquen en el Perú. Sin embargo, la idea de que la migración venezolana es la principal causa de delitos en el país es completamente equivocada. El “clamor popular” al que se refiere Maúrtua no está respaldado en los datos del propio Estado Peruano del que él forma parte.

En una reciente “Propuesta de Política Pública” para la Universidad del Pacífico, hemos mostrado que la vinculación popular entre migración venezolana y criminalidad se sustenta en mitos que no concuerdan con las cifras oficiales. Por ejemplo, lejos de haberse incrementado el crimen durante el 2020, el INEI más bien registra una caída de las denuncias por hechos delictivos en un 30% (probablemente por la pandemia). Aun más, de acuerdo con información proporcionada por la PNP al portal de investigación “Enterarse”, la gran mayoría de denuncias por faltas y delitos (98% en el 2019) están dirigidas contra ciudadanos peruanos. Tan solo una minoría, un 1,45% de las denuncias, son contra personas de nacionalidad venezolana, a pesar de que los migrantes y refugiados venezolanos representan más del 2,5% de la población del país. En otras palabras, es más probable que un peruano, considerando su peso en la población total del país, sea denunciado por una falta o delito que un inmigrante venezolano. Esto concuerda con las cifras de los penales: para enero del 2021, era 2,6 veces más probable que un peruano se encuentre preso a que lo esté un venezolano.

En vez de tratarla como una oportunidad para peruanos y venezolanos, nuestros últimos gobiernos han contribuido a la criminalización de la inmigración y a la militarización de las fronteras. El vergonzoso incidente protagonizado por el Gobierno de Castillo es uno más en esa línea. Como Rocío y otros peruanos que emigraron al exterior, los venezolanos hoy son víctimas de una criminalización injustificada en el Perú. Lo más grave de todo es que, en lugar de combatir esta percepción y garantizar los derechos de los migrantes y refugiados venezolanos, varios políticos han incentivado esta imagen falsa; quizás porque temen o quieren acomodarse a ciertas tendencias xenófobas de la opinión pública, quizás para tapar sus propias falencias en la lucha contra el crimen, o –y eso sería lo peor– quizá porque buscan implementar una política de dividir y vencer.