Expresidente sin escudo, por Dino Carlos Caro Coria

La autodefensa de Martín Vizcarra no impidió que fuera vacado como presidente de la República por el Congreso. Uno de sus argumentos fue que los casos penales no podían ser juzgados por el Parlamento sino por la fiscalía y el Poder Judicial en el marco de un debido proceso.

Vacado con una aplastante votación (105 de 130 congresistas), Vizcarra aceptó sin más el fin de su mandato, convirtiéndose desde entonces en un ciudadano común, sin inmunidades frente a la justicia penal, salvo para los posibles delitos de función cometidos durante su gestión presidencial (23 de marzo del 2018 a 9 de noviembre del 2020). No es por ello casual que, tras la vacancia, el ahora expresidente haya cumplido con acreditar a sus abogados ante la fiscalía.

En ese contexto, el expresidente deberá enfrentar, hasta donde se sabe, dos procesos importantes. El más relevante, a raíz de las delaciones de las empresas Obrainsa e ICCGSA sobre presuntos sobornos a Vizcarra, según cinco colaboradores eficaces, en el marco de dos obras de infraestructura, cuando era gobernador de la región Moquegua, una etapa por la que no le asisten protecciones o inmunidades constitucionales. Por estos mismos hechos existen dos investigaciones penales, una a cargo del equipo especial del caso Lava Jato (fiscal Juárez Atoche) y otra de la Fiscalía Supraprovincial Anticorrupción (fiscal Chirre Castillo), las cuales deberán indefectiblemente acumularse en una sola para no violar el principio de ‘ne bis in idem’ procesal (¡nadie puede ser procesado dos veces por lo mismo!) que tiene rango constitucional.

La seriedad de este caso está expresada no solo en la confluente versión de hasta cinco colaboradores eficaces, sino también en los documentos que vienen soportando dichas versiones: correos electrónicos, facturas, copias de cheques, retiros de dinero en efectivo, testimonios de las reuniones, agendas, mensajería instantánea vía WhatsApp, etc. Hasta el momento la defensa del expresidente ha oscilado entre el silencio, el negacionismo (¡nunca pasó!) y una teoría de la conspiración (represalia por haber denunciado al Club de la construcción) que no ha podido probar. Ya sin la banda presidencial y sin inmunidad alguna para este caso, Vizcarra podrá defenderse ahora con razones de fondo, cuestionando la coherencia, la verosimilitud y la fuerza global de las pruebas en su contra.

Es una defensa que se debe estimar como urgente porque, como sabe, el Ministerio Público podrá ahora utilizar todo su poder para acelerar este proceso. Esto implica la petición de medidas cautelares como el allanamiento domiciliario y de oficinas, la incautación de pruebas, el congelamiento de cuentas y activos en general, embargos, incautaciones y, desde luego, medidas contra su libertad como el impedimento de salida del país o, peor aún, una detención preventiva, como ha sucedido en los casos de los expresidentes Toledo, García, Humala y Kuczynski.

La segunda investigación contra Vizcarra es por el caso Richard Cisneros (conocido como Richard Swing) por los delitos de tráfico de influencias y obstrucción a la justicia, y a la que corresponde un ritmo distinto por tratarse de hechos suscitados durante el período presidencial, presuntamente cometidos mediante el abuso del cargo, lo que conlleva su consideración como delitos de función. En este caso la competencia es de la Fiscalía de la Nación. Si tras una sumaria investigación preliminar, que incluye obtener los descargos de Vizcarra, la fiscalía considera que tiene un caso probable, deberá instarse el procedimiento de acusación constitucional por parte del Congreso, lo que en la práctica puede tardar entre 1 y 2 años a nivel del Parlamento, aunque sin perjuicio de que la fiscalía pida, por ejemplo, el impedimento de salida del país contra Vizcarra.

De esta forma, el expresidente es ahora penalmente vulnerable. Le espera un largo camino de procesos judiciales, y aunque le asiste, como a todo ciudadano, la presunción de inocencia, corre el riesgo de sumarse a la lista de mandatarios que, desde 1990, han podido corromperse, contribuyendo con ello al debilitamiento, al parecer ya sin límites, de la propia institución presidencial