Bases para un pacto por el desarrollo, por Marcel Ramírez La Torre

El presidente Vizcarra tiene 40 meses para implementar políticas que aseguren resultados sostenibles de bienestar para los ciudadanos y sienten las bases para que ese bienestar alcance las siguientes generaciones. El gobierno debe tener claro que el ciudadano es el foco de su interés y que, por lo tanto, es indispensable rediseñar la manera como funciona el Estado, que hasta la fecha no ha estado a la altura de las expectativas. 

El sistema vigente viene repitiendo, entre otros, los siguientes ‘resultados’: corrupción extendida, el ineficaz diseño de políticas públicas, un servicio civil no orientado a resultados hacia el ciudadano, ciudadanos que entran y salen de la pobreza, la distribución desigual del ingreso, un elevado incumplimiento tributario y un sistema tributario inequitativo, una incontenible informalidad en el sentido amplio, el incumplimiento de normas y reglamentos, la falta de compromiso y responsabilidad de parte de las autoridades una vez elegidas, el deterioro de la competitividad, y la amplia brecha de infraestructura. 

Siendo estos los ‘resultados’, es fácil advertir que el gobierno no logrará mejoras si antes no identifica las verdaderas falencias del sistema. Este es como un complejo algoritmo matemático al que se le ingresan datos y genera un output. El problema es que el algoritmo está mal definido: premia las conductas incorrectas, sus castigos son poco creíbles, está enfocado en resultados incorrectos, sus prioridades son equivocadas y confunde los medios con los fines. Si seguimos empleándolo no conseguiremos resultados diferentes, sino perpetuar los perjuicios actuales. 

Por ejemplo, ¿por qué desde hace más de cinco años sabemos que los bloqueadores de celulares podrían disminuir las extorsiones desde las cárceles y a la fecha no se han implementado? Esto sucede porque no existe mecanismo que haga que las autoridades realmente asuman su responsabilidad y ello se debe a la ausencia de un verdadero método de rendición de cuentas que se nutra de un fuerte concepto de control social. Los ciudadanos somos útiles en las elecciones, pero perdemos la fuerza de exigir resultados durante el gobierno. 

Ninguna reforma generará bienestar sostenido en los ciudadanos si es que primero no se reforma el sistema según el cual opera el Estado. Nuestro sistema es como una cañería que tiene varias fugas. Dejar que siga circulando el agua (los recursos públicos) por esa cañería es irresponsable y significará seguir malgastando escasos recursos, con la sensación de frustración de que no se avanza y el perjuicio colateral de que algunos se benefician a costa del bienestar colectivo.  

Para lograr el cambio, el presidente Vizcarra requiere varios equipos trabajando en simultáneo y de inmediato. Un primer equipo para vigilar que la gestión se oriente estrictamente a resultados en áreas prioritarias, conducido por un ‘delivery unit’ empoderado, que articule esfuerzos multisectoriales sujeto a penalidades creíbles si no cumple con los compromisos y las metas. Un segundo equipo sería responsable de rediseñar el sistema sobre la marcha, pues el Estado no puede detenerse. Priorizaría los puntos de la cañería que más atorados están, e institucionalizaría premios y castigos focalizados, especialmente en relación al desempeño. Este segundo equipo debe romper con la inercia de una gestión parecida a un sistema circulatorio lleno de colesterol, y que al empezar a dar resultados recuperará la confianza de los ciudadanos.  

Sobre esta base, un tercer equipo debe reforzar la reconstrucción creíble de un pacto social y fiscal alrededor de una mejor política y administración tributaria, y de un mejor gasto fiscal. Ninguna reforma tributaria se debe ver en forma aislada de las demás reformas orientadas hacia un mejor desempeño del sector público. Solo obtener mayores recursos agravará la percepción de inequidad si es que no se optimiza su gestión hacia resultados eficientes, eficaces y oportunos.