¿Me iré preso por esta columna?, por Rodrigo Salazar Zimmermann

Este ha sido el peor inicio de año imaginable para la libertad de expresión en el Perú. En tan solo dos semanas, un grupo de policías y fiscales allanó la casa del periodista Pedro Salinas, autor del libro “Mitad monjes, mitad soldados”, que expone los abusos sexuales y psicológicos cometidos por el grupo ‘religioso’ Sodalicio de Vida Cristiana; se ha sentenciado a dos años de cárcel suspendida a los periodistas Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por el libro “Plata como cancha” sobre el excandidato presidencial César Acuña; y circula en el Congreso un proyecto de ley promovido por Podemos Perú para ampliar la pena de cárcel por difamación hasta seis años, lo que traería el encarcelamiento efectivo de periodistas. Una ley así con un juez como Raúl Rodolfo Jesús Vega, quien condenó a Acosta y Pimentel, sería el martillazo que cierre la tapa del ataúd de la libertad de expresión en este país.

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Los periodistas estamos desamparados. Nos persiguen el Poder Judicial, el Congreso, la fiscalía y hasta el Ejecutivo. Si bien estamos más unidos que nunca y nos protege la jurisprudencia supranacional, y la ciudadanía ha mostrado un apoyo mayoritario a Acosta y Pimentel, los poderes del Estado –precisamente los que más daño pueden hacer– están en nuestra contra.

Es mentira que con estas medidas se busca ‘mejorar’ el ejercicio periodístico. Lo que hay detrás es un grupo de poderosos bravucones que ven en la prensa un obstáculo a sus oscuros intereses personales. Los últimos ataques a periodistas suceden mientras muchos medios critican el desarme de la Sunedu, institución a la que José Luna, de Podemos Perú, el grupo parlamentario que presentó el proyecto de ley mencionado, tiene por enemiga por no licenciar a su universidad de medio pelo. Esto sucede mientras Podemos Perú y Alianza para el Progreso, de César Acuña, quien querelló a Acosta y Pimentel, son las bancadas que pueden proteger al presidente Pedro Castillo de una vacancia. Esto sucede mientras se discute la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional que, en el pasado, ha sido un garante de la libertad de expresión, como cuando declaró inconstitucional la ley que prohibía la publicidad del Estado en medios privados. Esto sucede mientras el presidente Castillo se niega a dar entrevistas a medios de comunicación y hace oídos sordos al pedido de firma de las declaraciones de Chapultepec y de Salta, principios básicos para la libertad de expresión firmados por más de 100 presidentes en Latinoamérica.

Mientras estos atentados ocurren, los familiares de tres periodistas asesinados muy posiblemente por fuerzas del orden hace más de 30 años esperan una justicia que tarda, pero nunca llega. ¿Quién hará justicia por los asesinatos de Jaime Ayala, Hugo Bustíos y Melissa Alfaro? ¿Quién protegerá a Acosta, Pimentel, Salinas, Paola Ugaz, Carlos Yofré López, Ronald Ormeño, Paul Garay, Óscar Castilla, Daniel Yovera y Edmundo Cruz? ¿Me iré preso por esta columna?