El debate sobre la reforma previsional

La recientemente discutida reforma del sistema previsional pretendería mejorar las pensiones de los afiliados. En este artículo analizaremos las propuestas y su posible viabilidad. Existen planteamientos de las comisiones de Economía y Trabajo del Congreso de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, y la Asociación de AFP.

En el diagnóstico de la problemática pensionaria tenemos un serio problema de cobertura. De los 17 millones de peruanos que conforman la Población Económicamente Activa (PEA), menos del 20% está afiliado al Sistema Privado de Pensiones (SPP). Los continuos retiros –ya van siete desde el 2020– han afectado negativamente la cobertura del SPP. La mayor contradicción con la reforma pendiente es que el MEF plantea que no haya más retiros y, sin embargo, estos se siguen aprobando, a pesar de que la medida solo beneficia a un grupo poblacional no vulnerable.

Los recientes retiros aprobados por el Congreso no van de la mano con la reforma del SPP. El MEF y la Asociación de AFP tienen una serie de propuestas de reforma muy similares que contrastan con la de la Comisión de Trabajo que plantea medidas que atentan contra la sostenibilidad fiscal a cambio de un beneficio mínimo.

Para la cobertura, se plantea incorporar a los independientes, una medida que nos resulta familiar y que fue desactivada en el 2009, ya que disminuía el consumo. Hay trabajadores dependientes que generan por consultoría recibos por honorarios y, en este caso, se les estaría descontando por cuarta y quinta categoría. Es demasiado sacrificio de ahorro presente por disposición del dinero a futuro. Hay otros segmentos de la PEA que están siendo ignorados en la cobertura del SPP: trabajadoras del hogar, pymes, mypes y pescadores. Recordemos que las trabajadoras del hogar ya tienen todos los beneficios laborales desde el 2021.

Asimismo, se plantea un apoyo del Estado para el pilar contributivo. Esto se daría a través del IGV: cada vez que se consuma y se tribute por el impuesto a las ventas, una parte de este iría al fondo del SPP. Esta medida es políticamente inviable y no creo que el MEF esté en condiciones de desembolsar parte del IGV para alinearse con esta medida. Hay un serio problema de cultura de ahorro –y específicamente de ahorro previsional– que no permite mejorar la densidad de cotización y aportes, un elemento esencial para generar una pensión adecuada.

Otra medida que procura mejorar la cobertura y la tasa de reemplazo o futura pensión es el aporte del estado a nivel “matching contribution”, una medida que funciona en Chile –que no tiene ONP– y que es más barato comparado con las pensiones no contributivas (por ejemplo, Pensión 65). La idea es alinearse con los parámetros de la OCDE y plantear una pensión universal.

En este sentido, surge la interrogante: ¿Cómo llegar a una pensión universal como la de los países industrializados de la OCDE? Especialmente cuando tenemos tanta informalidad que no coadyuva a mejorar la cobertura y tasa de reemplazo de la PEA. El Perú tiene más informalidad que sus vecinos Colombia y Chile. ¿Cómo incluir entonces a más del 70% de la población al sistema de pensiones? Primero, debemos reducir la rigidez del mercado laboral para disminuir la informalidad. Esta es tarea del Ministerio de Trabajo y del de Economía y Finanzas.

Hay medidas interesantes que podrían chocar con los intereses de grupos de poder, como, por ejemplo, la comisión por resultados, que podría alinear los intereses de los afiliados. La posibilidad de inclusión de una AFP estatal también podría ayudar, a pesar de que este tiene una mala fama como administrador, pues una AFP estatal podría competir con menores comisiones, ya que no tiene el objetivo de maximizar las ganancias, y podría ofrecer el mismo servicio a un bajo costo. La posibilidad de incluir a este actor podría mejorar la competencia del sistema de pensiones

Estas son algunas de las medidas que están en el tapete. No se sabe si hay una simulación de resultados para cada una de las medidas. En mi opinión, muchas de las medidas que se han dado en el SPP, como los retiros de fondos, han sido aprobados sin una simulación de costo-beneficio para el afiliado. Desde el 2016, el Congreso plantea y el Ejecutivo aprueba, cuando la relación debería ser en sentido contrario.