Metropolitano: solución a la vista

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Este conflicto, que en cualquier otro lugar del mundo se solucionaría con una discusión técnica entre las partes (concesionarios y Estado), refleja perfectamente cómo se manejan los temas relacionados con las APP en el Perú: con poca claridad y decisión. Si las dos entidades del Estado dialogaran de forma adecuada con el concesionario (se supone que son socios en una relación de muy largo plazo) se darían cuenta que la solución yace en el contrato y que se pueden identificar hasta dos opciones para garantizar la operación del servicio.

La primera está en el Anexo 11 del contrato, donde se identifica la Reserva para Infraestructura, Contingencias y Retiro de Flota (RICR), que se puede utilizar para “el cubrimiento de contingencias que afecten drásticamente la estabilidad del pasaje a los usuarios del COSAC I”. Se entiende como una de las posibles contingencias la “estacionalidad atípica de la demanda de transporte”, lo cual se parece bastante a la coyuntura actual

A pesar de que se puede utilizar este fondo especial, la capacidad de la RICR es limitada. Esto por causa de que la misma se financia con un porcentaje de los ingresos del Sistema de COSAC I, los cuales en estos momentos son escasos. De hecho, en el periodo comprendido entre abril y mayo, la Municipalidad de Lima permitió el uso de la RICR hasta agotar sus fondos. Por eso, desde el MTC se hicieron transferencias hasta por S/ 24′696,824 para cubrir parte de la caída de ingresos en las concesiones de transporte urbano, incluida una inyección de recursos al RICR del Metropolitano. Sin embargo, ante la continuidad de los efectos de la inmovilización en la demanda de pasajeros, los recursos de la RICR se acabaron y no compensan más dicha caída de ingresos.

Considerando lo anterior, la segunda vía para resolver el problema dentro del contrato recae en la cláusula vigésima de equilibrio económico, que sirve para reequilibrar los contratos cuando por efecto de leyes aplicables se producen incrementos en los costos o reducción de ingresos totales en más de 10% respecto del año anterior. Es fácil para el lector comprender que el impacto de la referida inamovilidad ya superó por mucho ese 10% de umbral de intervención para reequilibrar el contrato. Según la cláusula, el concedente (MML) debe compensar al concesionario y la cláusula 20.5 detalla los pasos y tiempos a seguir para concretar la contraprestación y establece que dicho resultado debe quedar plasmado en el documento.

Así, la solución de este conflicto está a la vista en el contrato, por lo que los procesos internos deberían ser rápidos para garantizar la continuidad del servicio. Una forma de emplear estas herramientas sería introducir recursos adicionales a la RICR a fin de cubrir los costos operativos del COSAC I por al menos un mes más, mediante una nueva transferencia de parte del MEF, y aprovechar ese tiempo para modificar el contrato con la propuesta final. Para ello, tanto la MML como el MEF y los concesionarios tienen que calcular las compensaciones con el debido sustento técnico y, finalmente, efectuar los pagos respectivos con el objetivo de amortizar la caída de ingresos por el resto del año. La solución está ahí y corresponde a los técnicos identificar los montos y poner en marcha la propuesta.