Minería en escenarios de crisis e incertidumbre

¿Es el inversor minero permeable a los conflictos sociales y políticos? La respuesta es que, generalmente, sí.

Aunque es cierto que puede haber menos transacciones en un escenario de incertidumbre política y de conflictividad social, la respuesta sigue siendo afirmativa si nos guiamos por lo que ha ocurrido en otras latitudes en los últimos años y el comportamiento de los inversores en los últimos 18 meses, desde que Pedro Castillo asumió la presidencia.

En la década de los 70 del siglo pasado, la minería peruana consistía en un grupo de empresas estatales (Centromin, Minero Perú y Hierro Perú) que operaban minas que en su momento fueron privadas y que fueron expropiadas (¿o confiscadas?) por el Estado (como Cerro de Pasco, Marcona, Cerro Verde, Tintaya, Morococha o Casapalca). No estaba prohibida la inversión privada nacional ni extranjera, pero en el primer caso esta estaba circunscrita a lo que se conocía como mediana minería y, en el segundo, solo subsistían tres empresas de capital foráneo. Dicho sea de paso, estas empresas estatales concentraban en cartera –y con nula exploración– a los proyectos que luego se convertirían en los más grandes productores una vez que fueron privatizadas (Antamina, Morococha y Las Bambas).

Esto, que puede sonar contradictorio con la conclusión que avancé, responde a que las posibilidades de adquirir intereses en minería pasaban en esa época por la decisión estatal de desprenderse de sus minas y proyectos. Cuando la ideología dejó de primar, a inicios de los 90, la avalancha de inversores mineros –especial, pero no únicamente de las grandes empresas mundiales– fue absoluta y, con un marco legislativo más amigable, se llegó a superar todos los récords de exploraciones.

Como sabemos, el inversionista minero es atípico. No busca un rédito a corto o mediano plazo. Es cierto que se intenta recuperar la inversión lo antes posible, pero su real interés está en sostener la vida de la mina en el largo tiempo y en buscar siempre reponer las reservas extraídas. Desde esa óptica, se trata de no entretenerse demasiado en la situación coyuntural, que puede ser conflictiva o de incertidumbre, y poner las miras en el futuro.

No es novedad que las mejores oportunidades se pueden presentar en momentos de crisis. Por eso, aunque en algunos casos bajo el radar, no se ha detenido dramáticamente el mercado de adquisiciones, como sí ha ocurrido en otros sectores de la economía. Lo que sí ha sufrido postergaciones es la construcción y puesta en marcha de nuevas operaciones, buscando los mejores momentos para que la recuperación de sus inversiones no se prolongue indefinidamente por bloqueos, trabas burocráticas o mensajes político-ideológicos inadecuados; pero, en este caso, se trata de yacimientos ya asegurados que buscan su momento.

Hemos visto cómo en los últimos meses ha habido transacciones mineras muy interesantes, pero la desinversión en ninguna de ellas ha sido causada por el ruido político o el desorden social. La venta de algunas unidades de Glencore ha estado motivada por una decisión corporativa global de desprenderse de ciertos activos no estratégicos; y la venta de la participación de Buenaventura en Yanacocha fue por estrategias de inversiones, priorización de recursos y de desligarse de compromisos de cierre muy onerosos. Y siempre se encontraron compradores interesados.

La protección que encuentran los inversionistas en estas circunstancias está en el régimen económico de la Constitución, que no solo protege la inversión extranjera al mismo nivel que la nacional, sino que también le brinda importantes garantías como el derecho a la propiedad, la seguridad de la inversión, respeto a los contratos y la libertad contractual, sin olvidar la posibilidad de someter las controversias que surjan a la jurisdicción arbitral internacional y la suscripción de acuerdos de garantías por parte del Estado.

Este es el modelo que se pretende erosionar, y que –con sus más y sus menos– se ha mantenido y ha funcionado. Este es el modelo que no solo permitió el crecimiento del país y el desarrollo de su población, sino que nos mantiene como destino atractivo para las inversiones. Pese a la revuelta y a los movimientos políticos que buscan cambiar el régimen económico de la Constitución, pese a algún trasnochado proyecto de ley que intenta estatizar a la industria del cobre (y que está correctamente durmiendo en algún lado), y pese al desorden que hemos atestiguado en estos últimos meses, el interés en la minería peruana no se ha perdido.

Hay, por cierto, aspectos para mejorar, como encontrar el balance adecuado para la sostenibilidad de las inversiones con el cuidado del ambiente y la salud, el correcto relacionamiento con las comunidades y autoridades, y el mantenimiento de condiciones de seguridad operacionales óptimas. Pero el verdadero desafío está en sostener el modelo.

Terminaré con otra pregunta: ¿Cuánta más inversión se habría logrado con políticas públicas adecuadas? ¿Cuántos proyectos maduros estarían ya en construcción?