El modelo australiano para una minería sostenible, por Diana Nelson

El sector minero y energético es importante para la economía en Australia: representa alrededor del 9% de su PBI. Si agregamos la contribución del sector METS (Equipamiento Minero, Tecnología y Servicios), el porcentaje aumenta al 15%.

Una encuesta reciente reveló que la mayoría de los australianos acepta la premisa fundamental de la importancia de la minería para el crecimiento del país. Esta aceptación se basa en los beneficios percibidos por la población, entre los que se encuentran: el mejoramiento de la infraestructura regional, especialmente en transporte y TIC; y la creación de empleos y oportunidades de negocio, incluso para las comunidades indígenas. De hecho, en algunos lugares, la minería es el principal empleador de las poblaciones indígenas en el sector privado. Actualmente, existen cientos de empresas indígenas que están creando oportunidades económicas para las comunidades cercanas a las minas. La industria minera es el principal cliente de estos negocios y un inversor significativo en alianzas y desarrollos económicos indígenas; aunque, cabe mencionar, no todos estos emprendimientos están vinculados a la actividad minera.

El 60% de los proyectos mineros están ubicados cerca de comunidades indígenas y hemos desarrollado mecanismos flexibles llamados Native Title Agreements para promover el desarrollo consensuado en estos casos. Una vez registrados, son vinculantes para las partes; de existir una disputa, se puede recurrir a un tribunal especializado. Los acuerdos contemplan, entre otros, el uso y el acceso a tierras y agua, el desarrollo económico, la protección del patrimonio cultural y oportunidades de empleo y desarrollo de habilidades para la población.

Las reformas legislativas (desde la adopción del Native Title Act en 1993) y un enfoque innovador hacia el relacionamiento por parte de la industria minera han generado beneficios más amplios, como la participación inclusiva en el crecimiento económico y la toma de decisiones y una mejor protección del medio ambiente.

Quisiera mencionar también al sector METS, una industria que genera 90 mil millones de dólares australianos en ganancias (más que el sector ‘retail’ y agricultura y solo por detrás del de manufactura) y donde se crean dos puestos de trabajo por cada puesto en el sector minero. Australia se encuentra en condiciones para compartir los resultados de la investigación y el desarrollo que realiza con el mundo. En la actualidad, aproximadamente el 55% de las empresas australianas en METS son exportadoras y producen alrededor del 60% del software minero mundial.

El Gobierno Australiano está apoyando un proyecto en el sur del Perú para desarrollar un clúster de METS y así incentivar la innovación y el desarrollo de proveedores locales para las grandes minas en esta zona. Además, se han establecido otras alianzas estratégicas, como es el caso del Consejo de Innovación en Minería Perú-Australia liderado por el Comité de Tecnología e Información de la SNMPE en colaboración con Austmine (asociación australiana de METS que cuenta con más de 500 miembros corporativos), con la misión de conformar un grupo cohesionado de compañías a fin de promover la innovación minera en ambos países; compartir investigaciones, aprendizajes claves y conocimientos sobre desafíos comunes; e identificar oportunidades para que las empresas de METS trabajen en conjunto.

El modelo australiano promueve, además, una cercana cooperación entre la academia, el gobierno y la industria a través, por ejemplo, de centros de excelencia que apoyan el desarrollo inclusivo y sostenible al desarrollar investigaciones y compartir experticia de manera pública. Aquí en el Perú, ya existen centros como el de la Universidad del Pacífico (minería sostenible), establecidos con asesoría australiana, especialmente del Sustainable Mining Institute de la Universidad de Queensland y del profesor David Brereton.

Podría decir que el apoyo y desarrollo sostenible del sector minero en Australia se debe a un marco legal robusto, que además fomenta el diálogo y la construcción de confianza entre las empresas, las comunidades y el gobierno; y un contexto que promueve la innovación y la transparencia, así como una distribución inclusiva y participativa de los beneficios.