Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social. | Foto: AFP / Referencial
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron el 18 de abril por unas fallidas reformas de la seguridad social. | Foto: AFP / Referencial
María José Guerrero

Abogada nicaragüense

Ayer se cumplió un año del inicio de las protestas cívicas en detonadas por el hartazgo de un pueblo ante un gobierno corrupto, abusivo y autoritario. La dictadura de ha secuestrado los poderes del Estado y ha destruido la débil institucionalidad de esa joven democracia. Sostenidamente, el régimen se ha encargado de silenciar o desaparecer a las instituciones civiles e independientes que se han atrevido a plantarle cara. Sin embargo, en el país aún resisten algunos bastiones, que, desde la palestra pública o la clandestinidad, dan voz al sentir de una población que exige el retorno de la justicia y la democracia. El apoyo de la comunidad internacional a estas agrupaciones es crucial, ya que son el único canal de una sociedad que busca expresarse libremente.

La Alianza Cívica, creada a inicios del conflicto y que aglutina a varios movimientos sociales de oposición, ha caído en una trampa de la dictadura al enfrascarse en un diálogo nacional que solo ha oxigenado con tiempo y oportunidades al régimen. Actualmente, las negociaciones han derivado a la solución de cuestiones inmediatas como la liberación de los más de 600 presos políticos. Sin embargo, temas fundamentales como el adelanto de elecciones, el cese de la represión, el respeto a la libertad de expresión, y la investigación imparcial de la muerte de al menos 500 manifestantes a manos de fuerzas policiales y parapoliciales se encuentran de facto fuera de la agenda del diálogo. El principal logro de la Alianza Cívica, en el contexto de estas conversaciones, ha sido poner en evidencia la falta de voluntad política del régimen y la naturaleza dictatorial y mentirosa de los Ortega Murillo.

Julio López, miembro de la Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), explica que esta institución se conformó a fines del año pasado a raíz de la escalada de violencia contra periodistas y que funciona como una red de apoyo para las víctimas de amenazas, persecución y campañas de desprestigio por el ejercicio de su labor. Según López, la arremetida contra el periodismo crítico e independiente se ha agudizado a partir de las protestas de abril del 2018. Entre los casos emblemáticos del ataque a la prensa se encuentra el de Carlos Fernando Chamorro, director del diario “Confidencial” y de “Esta Semana”, cuyas oficinas fueron confiscadas por la policía y que ha sido forzado al exilio. De acuerdo con el último reporte de PCIN, seis periodistas se cuentan entre los prisioneros políticos del régimen, entre ellos Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora del canal 100% Noticias. Según López, más de 70 hombres y mujeres de prensa han huido de Nicaragua víctimas de amenazas contra ellos o contra sus familias.

La Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), acusada por Daniel Ortega de participar de un complot golpista contra su gobierno, congrega a obispos católicos que desde sus púlpitos denuncian los repetidos abusos de la dictadura. El obispo Silvio Báez, uno de los líderes más beligerantes de la CEN, se ha constituido en un asiduo defensor de los derechos humanos y en una de las voces de oposición que el régimen no ha podido acallar. Es por eso que la reciente decisión del papa Francisco de trasladar al obispo Báez a Roma fue recibida con desconcierto por la población y ha sido considerada como un guiño del Vaticano al gobierno dictatorial de los Ortega Murillo.

El régimen ha demostrado con creces su falta de voluntad para honrar los acuerdos y negociaciones con la oposición. El 30 de marzo, apenas un día después de la firma de documento con la Alianza Cívica, en el que se comprometió a respetar ciertas garantías, permitir la protesta social y liberar a los presos políticos, una manifestación convocada por la oposición fue nuevamente hostigada y atacada por las fuerzas policiales y paramilitares adeptas al gobierno.

La sociedad nicaragüense necesita recobrar su democracia y emerger de esta crisis, y solamente mediante la autodeterminación de los propios ciudadanos se logrará la transición. Sin embargo, es fundamental el acompañamiento de la comunidad internacional, de los gobiernos de la región y de instituciones no gubernamentales a estos grupos sociales e instituciones independientes que se mantienen en la lucha por la democracia.