Oro sucio y sin ley, por Enrique Ortiz Tejada

Recientemente hemos celebrado la creación del Parque Nacional Sierra del Divisor. Esta maravillosa parte del Perú necesitaba de las herramientas legales para protegerse de las actividades ilegales que están en sus puertas –la minería y tala ilegales y la expansión de cultivos para el narcotráfico–. Pero, cuando vemos lo que sucede en Madre de Dios, donde actividades ilícitas tienen en jaque permanente a sus áreas protegidas, nos preguntamos: ¿de qué sirve crearlas? 

Varios análisis satelitales de la deforestación en la Amazonía peruana muestran inequívocamente que las áreas bajo el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) son las que presentan menores tasas de desbosque o degradación forestal. Es decir, su designación como área protegida sí ha servido para proteger los bosques y los servicios ambientales que proporcionan. Igualmente sucede en las áreas indígenas. Esto es así en Madre de Dios y en el resto de nuestra Amazonía. 

La Reserva Nacional Tambopata es quizá el mejor destino turístico amazónico de naturaleza a escala mundial. Basta ver las docenas de albergues y negocios en esa región con participación local como muestra del beneficio económico que traen. ¿Por qué entonces está sufriendo tanta degradación? 

Los problemas ambientales están principalmente relacionados a la minería ilegal y se dan mayormente fuera de las áreas protegidas, en las zonas de amortiguamiento y otras áreas de bosque. Lamentablemente, el control fuera de las áreas protegidas escapa de las capacidades y mandato del Sernanp. La responsabilidad recae en otras instancias del gobierno que no se dejan ver ni escuchar. 

Desde otra perspectiva, el problema en Madre de Dios es político. Quienes paralizan esta región promueven abiertamente la ilegalidad. No les importa el futuro de la región y prefieren el enriquecimiento rápido para irse a vivir a otra parte, fuera de las aguas contaminadas con mercurio y suelos degradados no aptos para la agricultura que dejarán atrás. Madre de Dios ha sido invadida por mafias que son incompatibles con una visión de futuro sostenible. 

Vale mostrar algunos datos para entender el verdadero costo de la ilegalidad. Según un reporte preparado por el investigador Martín Arana, Madre de Dios, siendo la región con menos habitantes del país, cuenta con la segunda tasa más alta de homicidios (creció en 22% desde el 2012). Esta cifra es tres veces mayor que el promedio nacional y casi cinco veces más que el promedio de la provincia de Lima. Según las estadísticas de la Policía Nacional del Perú, las denuncias de delitos en los últimos cinco años han aumentado en 312%, y aquellas por violación sexual en 442%. Madre de Dios ocupa el segundo lugar en el país, con un 15,4% del total de denuncias por trata de personas. A esto se suma el reciente asesinato de un defensor del manejo forestal, Alfredo Vracko. 

El gobierno de la región se ha declarado enemigo de la legalidad. El Congreso le hace el juego al aprobar una ley que apoya una carretera ilegal que carece de consulta previa y estudios técnicos entre el Parque Nacional del Manu y la Reserva Comunal Amarakaeri. Los pobladores de Madre de Dios deben recapacitar sobre el ambiente donde están viendo crecer a sus hijos y donde crecerán sus nietos.