Ni una palabra

El mensaje presidencial del 28 de julio último fue criticado y defendido por los sectores políticos antagónicos, aburrido para otros e ignorado por la gran mayoría de la población, no solo por ser abusivamente extenso, sino también tedioso y demagógico. Algunos invitados se durmieron en el hemiciclo; otros, en particular los congresistas, se retiraron y, quienes lo seguían por televisión, simplemente cambiaron de canal.

Probablemente, entre los pocos miles de ciudadanos, la prensa y sectores específicos, esperábamos que la presidenta abordara en algún momento del mensaje un problema concreto. En mi caso, algo sobre la grave problemática de tránsito y transporte en nuestro país; pero ni una palabra, nada, no existen los más de 15 mil deudos, huérfanos y viudas fallecidos en siniestros de tránsito, ni los 270 mil lesionados, más del 40% de ellos con secuelas de discapacidad permanente, en los cinco últimos años en el Perú.

Las diferentes modalidades del Servicio de Transporte de Personas, Carga y Mercancías, no cumplen con eficiencia su responsabilidad, salvo muy escasas excepciones. Para el transporte interprovincial de personas, en Lima no existen terminales terrestres que cumplan con los objetivos llamados en otros países como terrapuerto, por brindar iguales servicios que un aeropuerto. Lo que tenemos son paraderos de cada empresa o lugar en el que se agrupan varias empresas para salir a su destino, “terminal de Yerbateros”, “puente Atocongo” o varios en el norte, incluido la excelente infraestructura del Terminal Norte entre las avenidas Tomás Valle y Túpac Amaru (Independencia). En Lima se requiere un mínimo de tres terminales y por lo menos uno en las ciudades más importantes.

La Ley N° 27181, General del Transporte y Tránsito Terrestre, Ley (1999) en su Art. 8° dice “El Estado promueve la iniciativa privada y la libre competencia en la construcción y operación de terminales de pasajeros y mercancias(…)”. Cumplirá 25 años el mandato legal y el Estado sigue ausente. Los terminales de transporte de personas deben cumplir tres objetivos: primero, porque es indispensable un solo lugar, para que todas las autoridades (Sutrán, PNP, Fiscalía, Sunat) fiscalicen a la empresa, el vehículo, la bodega, los conductores y a los pasajeros. En segundo lugar, para que las empresas y pasajeros ejerciten su derecho al libre mercado en la oferta de precios del pasaje y los servicios, en el lugar y en la página web del terminal y tercero, para que la empresa concesionaria del terminal gestione el flujo de buses, a la manera de su análogo aeropuerto, haciendo cumplir el horario de salida, frecuencia, reportando las incidencias durante el viaje, hasta su destino en el tiempo establecido, garantizando orden y seguridad, para evitar el servicio ilegal de “piratas” y los autos colectivos.

Tampoco existen terminales terrestres para el transporte de carga y mercancías, llamados “puertos secos”, implementados de la misma forma mediante APP en la periferia de la zona urbana. Los camiones circulan por las carreteras y las calles de las ciudades sin ninguna restricción, por lo que es indispensable establecer horarios y vías de acuerdo con el tipo de vehículos, carga o mercancía.

En el transporte urbano, el problema es mucho más complicado; en el interior del país los responsables son las municipalidades provinciales, y en Lima, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU). Desde la década del noventa, hay una ausencia de una política de Estado. En el 2010, se implementó el BRT El Metropolitano, un solo corredor de nueve proyectados. En el 2017 se descartó lo anterior y se implementan tres de cinco corredores complementarios y otras rutas de los que quedan solo el nombre. En el 2018, mediante la Ley N° 30900, se crea la ATU. Han pasado cinco años y aún no vemos el norte. Además, es evidente la falta de conceso entre los actores (autoridades y transportistas), y las limitaciones financieras de los operadores del transporte tradicional (empresas afiliadoras). Los cambios de los actores políticos y de equipos de gestión técnica afectan gravemente un decidido avance, perjudicando a más de once millones de habitantes de Lima.

No hay tiempo que perder. Urge la implementación del Sistema Integrado de Transporte (SIT), mediante una APP, en el que el Estado forme parte para la adquisición de diez mil buses eléctricos, mayores de nueve metros, de los catorce mil requeridos, dejando cuatro mil cupos para que los buses del Metropolitano, corredores complementarios y transporte convencional que cumplan los requisitos completen la flota requerida.

El SIT necesitará 28 mil conductores seleccionarlos y capacitarlos. Para retirar los vehículos de transporte público con más de 15 años de uso, (“combis”, “coaster” ybuses) es preciso un programa de chatarreo, acompañado del programa de reconversión laboral.

Qué decir del servicio de taxi, mototaxi, la emisión de licencias de conducir, las escuelas de conductores, los centros médicos, las papeletas impagas, el abandono a las víctimas, la falta de controles electrónicos y semáforos inteligentes… La lista continúa, es el imperio del caos y la anarquía.

Ya terminaba el mensaje presidencial y la suma de inversión en infraestructura vial para el presente año superaba fácilmente los US$3.800 millones. Entonces me pregunté: ¿Cuánto cuesta la vida de no menos de 3.500 personas, segadas violentamente en las calles y carreteras de nuestro país?