Patriotismo constitucional, por César Landa

Hoy se presenta ante el Congreso el Gabinete que preside Fernando Zavala pues, por mandato constitucional de nuestro régimen presidencial atenuado con instituciones parlamentaristas, debe pedir el voto de confianza a este poder del Estado en base a la propuesta de política general del gobierno y las medidas legislativas que requiere para su implementación.

De obtenerlo, el primer ministro ha adelantado que solicitará al Congreso que le delegue facultades legislativas por un plazo determinado y en cuatro temas: reactivación económica, lucha contra la inseguridad y la corrupción, saneamiento y reforma del Estado. Con ellas, el Poder Ejecutivo podrá legislar por decretos legislativos que, luego de publicados, el presidente Pedro Pablo Kuczynski deberá comunicar o dar cuenta al Congreso. 

Los motivos para solicitar facultades legislativas no son pocos. El nuevo gobierno ha recibido al país en una situación que demanda realizar grandes cambios socioeconómicos. Entre ellos construir infraestructura para el desarrollo, formalizar la economía, proveer salud pública oportuna y eficaz, ofrecer educación pública de calidad, brindar acceso a agua y desagüe para todos, así como luchar contra la corrupción, la inseguridad y la discriminación. 

Todas estas son políticas de Estado que permitirán relanzar nuestra democracia constitucional. No obstante, demandan de patriotismo constitucional no solo del gobierno, sino también de la oposición. La expresión ‘patriotismo constitucional’ fue acuñada por Dolf Sternberger en 1979 en Alemania y difundida luego por Habermas. Es propio del patriotismo constitucional integrar la democracia y la gobernabilidad, a través del diálogo y la concertación entre el gobierno y la oposición.

Una vez expedidos los decretos legislativos, la Comisión de Constitución y Reglamento, presidida por Fuerza Popular, solo elevará al pleno del Congreso su informe si considera que contravienen la Constitución o exceden el marco de la delegación de facultades otorgadas. De ser el caso, el Parlamento tiene la potestad de derogarlos o modificarlos, sin perjuicio de la eventual responsabilidad política de los miembros del Consejo de Ministros, según señala el reglamento del Congreso.

Desde la vigencia de la Constitución de 1979, que incorporó la delegación de facultades, pasando por la Constitución de 1993, todos los gobiernos las han recibido. El gobierno de Fernando Belaunde expidió 348 decretos legislativos para restablecer el orden jurídico luego de doce años de gobierno militar. Durante los dos gobiernos de Alan García se dictaron 397 decretos legislativos, mientras que en los sucesivos gobiernos de Alberto Fujimori se dieron 296. Con el gobierno de transición de Valentín Paniagua se emitieron 13 decretos legislativos y durante el gobierno de Alejandro Toledo se dictaron 42. Finalmente, durante el gobierno de Ollanta Humala se expidieron 144 decretos legislativos. 

El país confía en que nuestros líderes asuman con patriotismo constitucional su deber fundamental. Unos el de gobernar para el bienestar y la seguridad de todos los ciudadanos, y otros el de oponerse pero sin afectar la gobernabilidad del país. Por lo tanto, la delegación del Congreso de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, sería un claro ejemplo de patriotismo constitucional.