Política, instituciones e inversión, por Mercedes Aráoz

En su libro “¿Por qué fracasan los países?” Acemoglu y Robinson (2012) plantean la tesis de que las grandes diferencias de ingresos y nivel de vida entre los países ricos y pobres está en los sistemas institucionales que ha creado cada uno. Las instituciones de los países pobres solo han perpetuado en gran medida la desigualdad. Estos modelos institucionales generan incentivos muy dispares a los emprendedores y a las empresas que pudieran invertir en esos países. 

En principio, solo la generación de incertidumbre y la falta de un Estado de derecho pueden hacer que los inversionistas, sobre todo aquellos cuya inversión acarree más riesgo y más costos, se alejen. Los esquemas que le dan opacidad al quehacer público, que permiten la cleptocracia y la corrupción, y que entorpecen el diálogo democrático entre grupos legítimos de interés, encarecen en todas las formas posibles la labor del ciudadano y el emprendimiento.

América Latina no ha dado señales importantes de un cambio institucional que nos lleve a más desarrollo e igualdad; vemos problemas en países que son considerados entre los del grupo de los 20 como México, Brasil y Argentina, así como países con menor nivel de desarrollo relativo, como el nuestro. 

El Perú no ha escapado de esto. Vale la pena recordar que nuestro país se convirtió en un paria internacional a finales de los 80, y que le costó mucho recuperar su imagen como país, por lo menos en lo económico, en los 90. También que, durante la primera década del siglo XXI, recuperó la confianza de los inversionistas, pues vieron con optimismo el retorno de la democracia, en paz social y con una línea de manejo económico responsable y promotora de la inversión. 

Es cierto: todavía la mayoría de las inversiones está en industrias principalmente extractivas y, recientemente, en infraestructura productiva. Sin embargo, ya vemos incipientes niveles de inversión en industrias de más riesgo como la agroindustria, la pesca de consumo humano directo, algunas manufacturas y algunos servicios. Y pienso que esto se debe en gran medida al establecimiento de reglas de juego más estables y claras, así como a una perspectiva democrática más visible. Hay que seguir trabajando en ello.

Dunning (1980), en su teoría de por qué la inversión directa extranjera se ubica en algún país, indica que el inversionista buscará ventajas de localización y propiedad. Puede haber, por un lado, empresas buscadoras de recursos y, por otro, aquellas que son buscadoras de eficiencia. Las industrias con mayor sofisticación son buscadoras de eficiencia, y para ello requieren, además de infraestructura básica, un clima de libertad económica y reglas de juego muy claras, donde exista el imperio de la ley. Un plan de desarrollo productivo como el que se plantea no tiene visos de atraer inversiones si estas políticas no vienen acompañadas de una perspectiva institucional de largo plazo firme. La confianza del emprendedor o la empresa es clave para que decida invertir y localizarse en un país. 

Es así que las recientes imágenes de falta de diálogo político, de un sistema sin balances ni equilibrios entre el congreso y el Ejecutivo -en el que impera el señalamiento fácil de corrupción- la opacidad en la acción de nuestro políticos, y un sistema de justicia disfuncional no conllevan a la atracción de inversiones que para el nivel de desarrollo del Perú deberíamos tener.  De ese modo, se dificulta un crecimiento económico más equitativo. 

Las incertidumbres de quien será el próximo outsider en las siguientes elecciones generan escozor a cualquier analista externo que no comprende cómo funcionan las fuerzas políticas en nuestro país. Es bastante incomprensible que incluso hoy sigamos en busca de o apoyando a potenciales outsiders o Mesías, en vez de reclamar por un sistema político más estable, serio y representativo, con partidos que encarnen algún grado de compromiso ideológico, capaces de sentar bases claras y transparentes de negociación por el bien del país. 

Estamos a tiempo. El Perú todavía goza de confianza internacional por nuestro buen manejo macroeconómico. El fortalecer las instituciones democráticas del país y el imperio de la ley nos puede llevar a dar un salto importante en el desarrollo económico y social.