Poner la lectura primero, por Santiago Alfaro Rotondo

Uno de los primeros decretos de urgencia que aprobará el Gobierno será el proyecto de ley de la lectura y del libro. Su contenido es más completo que el de los elaborados en las comisiones de Economía y Cultura del Congreso; apunta al desarrollo de todo el ecosistema del libro, contempla roles para los gobiernos locales, le otorga al Ministerio de la Producción responsabilidades en el fortalecimiento empresarial del sector, ofrece definiciones precisas sobre bibliotecas, mediadores y espacios no convencionales de lectura, exige la generación de información especializada a través de metodologías como la encuesta nacional de lectura, asigna S/16 millones al Ministerio de Cultura (Mincul) para actividades de fomento del libro y la lectura, y S/16 millones más al Ministerio de Educación para la implementación de bibliotecas escolares.

Los límites del proyecto, sin embargo, se concentran en el financiamiento. En línea con la postura del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los beneficios fiscales a la industria editorial han sido restringidos. A diferencia de la propuesta del gremio editorial, el Mincul y los dictámenes del Congreso, se dispone que el reintegro tributario sea accesible para empresas de hasta 150 UIT de facturación y que tenga una ampliación de solo tres años, igual que la exoneración al IGV. El tope colocado al reintegro impedirá que muchas editoriales puedan reducir sus costos de producción, lo que disminuirá la competitividad de los libros nacionales frente a los importados, y elevará los riesgos del negocio. Como secuela, es probable que se priorice la edición de libros para grandes públicos y aumenten algunos precios.

Ocurra o no este escenario, la evaluación de los beneficios tributarios debe tener en cuenta que a escala internacional este tipo de política fiscal tiende a tener como objetivos el fortalecimiento de la actividad editorial y/o el incremento del consumo de libros en el mercado. El fomento del hábito lector es una actividad más compleja que demanda estimular, a la vez, la comprensión lectora, el gusto por la lectura y el acceso al libro. La compra es solo una modalidad de acceso al libro y la única que debería ser asociada a los beneficios tributarios. El estudio que hizo el MEF de sus alcances, en ese sentido, reprodujo una falla del diseño de la ley vigente al enfocar mal el tema y exigirle resultados en el hábito lector a la exoneración y reducción de impuestos, cuando esa es una responsabilidad multidimensional del Estado.

La experiencia colombiana lo demuestra. Aparte de otorgar incentivos a la industria editorial, en el 2010 se aprobó el Plan Nacional de Lectura y Escritura Leer es mi Cuento. Su implementación implicó, entre otros proyectos, la construcción y modernización de bibliotecas públicas, la compra y distribución de 29,5 millones de libros, la formación de bibliotecarios y el desarrollo de múltiples programas centrados en la población infantil. En total, durante ocho años, solo el Ministerio de Cultura de Colombia invirtió alrededor de US$200 millones; esto es, US$25 millones cada año. Como resultado se consiguió que los ciudadanos de los 1.122 municipios colombianos pasaran de leer 1,9 libros en el 2012 a 2,9 libros en el 2017; un crecimiento de casi el 50%.

Conseguir algo parecido en el Perú, antes que estímulos a la iniciativa privada, exigirá una intervención mucho más decidida del Estado. Las disputas alrededor de los tributos han ocultado su alta significación y el largo camino por recorrer. En los últimos tres años, el Mincul destinó al sector anualmente, en promedio, un poco más de US$700 mil. Además, mantiene el sistema nacional de bibliotecas públicas inoperativo y es uno de los pocos en América Latina que no cuenta con un plan de lectura. El panorama es similar al incluir al Ministerio de Educación en el balance: según la última Evaluación Censal de Estudiantes, solamente el 37,8% de los estudiantes de secundaria entienden cabalmente lo que leen. La consecuencia: leer libros es una actividad de minorías, a pesar de su importancia para “leer el mundo”, como decía Paulo Freire.

El enorme tamaño de la deuda histórica del Estado con la promoción del libro y la lectura hará que la inyección de los S/16 millones prometidos por el proyecto (la quinta parte de lo gastado en Colombia) quede corta para sacarla del sótano de las prioridades. El Gobierno debería apuntar a más si quiere reducir las “desigualdades persistentes”. Asumir la urgencia que tiene el desarrollo del hábito lector es otra manera de poner al Perú primero.