El mejor puerto posible, por César Azabache

El debate sobre la incapacidad moral del presidente Kuczynski se desarrolló y cerró en medio de enormes fisuras institucionales que no compensamos ni resolvimos en absoluto. La vacancia por incapacidad moral existe ente nosotros desde 1839. Pero jamás se había discutido el significado de la regla de manera concluyente. Las antiguas referencias al derecho civil clásico citadas en estos días, que identificaban incapacidad moral con la locura, resultan a estas alturas claramente desfasadas. Se ha citado entre nosotros el caso Billinghurst, en 1914, pero Billinghurst renunció por escrito, de modo que su historia no nos dice nada sobre este asunto. En el caso Fujimori, en el 2000, las referencias a la incapacidad moral como causa de vacancia se mezclaron con el rechazo a su renuncia y las consecuencias de su escape al Japón, dos causales de vacancia concurrentes por sí mismas que hicieron invisibles las cuestiones morales asociadas al evento.

Casi dos siglos después de la introducción de la regla, abordamos esta discusión sin tener un cuerpo de criterios y antecedentes sólidamente establecido que haya podido dar forma a la discusión y permitido diferenciar cuándo aplicar esta regla, cuándo no, cuándo es justo y proporcional tomar una decisión irreversible como la vacancia o cuándo es necesario y posible optar por soluciones intermedias, acaso como la suspensión del presidente.

Vaciado de contenido moral el debate del jueves pasado fue institucionalmente inútil.

Y ni siquiera tenemos ya un Senado que hubiera podido poner una pausa de reflexión en la discusión. El procedimiento definido por el Reglamento del Congreso fue diseñado teniendo en mente casos flagrantes como la incapacidad física, el abandono del país o la renuncia, no casos como este, en el que las discusiones se han cerrado sin completar historias que hasta hoy han sido contadas solo parcialmente y de manera bastante superficial.

Hemos dejado que prevalezca el apuro. Hemos optado por no compensar ninguno de los defectos que exhiben nuestros procedimientos y nuestras prácticas. Hemos cerrado este episodio impregnado por el peso de incógnitas muy serias sin resolver sobre la historia de las asesorías financieras que, nos guste o no, vinculan de una u otra manera al presidente Kuczynski con Odebrecht. El trasfondo de los pagos recibidos en Westfield Capital, su consultora personal, permanece en la penumbra.

Pero además durante el debate que concluyó al final de la noche del jueves, los bandos en contienda decidieron proceder tratando la cuestión sobre la vacancia como un vulgar asunto librado al juego de las preferencias subjetivas y de la conquista o conservación de votos de unos y de otros, votos que en las últimas horas del debate fueron arranchados y repuestos sin referencia a los costos que se adquieren con cada compromiso asumido. Un bando derrotó al otro luego de una sofisticada exhibición de esgrima de pasillos, que incluyó la filtración y también la negación de documentos auténticos relacionados con la liberación de Alberto Fujimori, el nuevo jefe de una naciente “bancada de los 10”, mientras su liberación, ya es evidente, venía decidida de antemano.

Alberto Fujimori acaba de ser indultado sin más debate, sin más consideraciones a opciones como la reducción de su condena o su pase a una clínica o a su propio domicilio. Toda opción distinta al indulto habría costado muchísimo menos que lo que costará lo que se acaba de hacer. La nueva “bancada de los 10” decidió el destino final de la vacancia. Y a cambio, ha cobrado el precio de su rescate. Pero por desgracia las consecuencias colaterales de esa transacción serán pagadas por nuestro ya lesionado equilibrio institucional.

Hemos terminado vaciando de todo contenido moral los dos principales debates que debían marcar el final de este año.

Esta historia merecía un final más digno. En la combinación entre la no vacancia y el indulto se arriesgan cuestiones decisivas relacionadas con el enorme saldo de la reconciliación pendiente que arrastramos como un pasivo desde la transición. Se arriesgan además la manera de abordar nuestros principales problemas de ética pública. Como están las cosas, el final de esta historia representa apenas una solución pragmática vaciada de todo fundamento.

La excarcelación de Alberto Fujimori requería un debate abierto y un esfuerzo honesto a favor de la reconciliación. La no vacancia también. Acabamos de perder la oportunidad de compensar el enorme déficit de moralidad que tuvo la jornada del jueves. Los debates imaginables sobre el verdadero sentido del Caso Westfield Capital y las opciones para poner punto final al Caso Fujimori van a ceder ante la brutal exhibición de falta de respeto hacia todos que el entorno del presidente acaba de exhibir.

Pudimos llevar esta situación inestable al mejor puerto posible. Con este innecesario apresuramiento perdimos absolutamente el sentido del todo el equilibrio necesario para estabilizar el final de este proceso.