La aguda crisis económica que aflige a la Argentina desde el 2018 acaba de producir un cambio de gobierno. El recién elegido presidente, Alberto Fernández, hereda de su predecesor, Mauricio Macri, una economía severamente golpeada. Actualmente, Argentina se encuentra en una situación difícil debido a la elevada carga de la deuda, el deterioro de las condiciones sociales y el aumento de la inflación y el desempleo, todo al mismo tiempo.
Desde el 2012, el país ha luchado por generar un flujo suficiente de dólares a través de las exportaciones. Entre el 2011 y 2015, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (ahora vicepresidenta entrante) impuso severos controles cambiarios que se convirtieron después en rigideces macroeconómicas. Pero desde que se eliminaron los controles de capital en el 2015, la administración de Macri ha empeorado el problema. En lugar de simplemente hacer retroceder los controles que habían distorsionado el mercado de divisas, el gobierno eliminó todos los controles, incluidos los que impedían la inversión especulativa, que se consideraban salvaguardias macroeconómicas.
Macri también promovió políticas de deuda sin precedentes, lo que dio como resultado un préstamo adicional de 193.000 millones de dólares. Esto incluyó un préstamo de 57.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, que se sumó a un préstamo anterior de 44.000 millones de dólares (el 63% de las líneas de crédito de la institución se extienden ahora a Argentina). Para finales de este año, el ratio deuda/PBI del país habrá aumentado del 52% al 93%, según las previsiones del FMI. Además, los plazos de la deuda a corto plazo han ejercido una presión adicional sobre la ya deteriorada balanza de pagos de Argentina.
Por último, con el fin de frenar la inflación, el gobierno de Macri animó al banco central a aumentar aún más los tipos de interés, hasta alcanzar un máximo del 70% en octubre del 2018 (en la actualidad, los tipos siguen estando por encima del 60%). Y sin embargo, esto ha dado un nuevo impulso a la inversión especulativa.
En estas condiciones, el barco argentino comenzó a hundirse tan pronto como las corrientes de la economía mundial cambiaron. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos elevó su propia tasa de referencia en marzo del 2018, las debilidades fundamentales de la economía argentina quedaron al descubierto. Debido a una corrida de la moneda, el peso ha caído un 210% frente al dólar estadounidense, y la inflación ha aumentado al doble de su ritmo normal, alcanzando el 48% en el 2018, con un pico proyectado del 60% este año.
Para cuando se vaya en diciembre, se espera que la tasa de pobreza haya alcanzado el 40%; y, tras la pérdida de 140.000 empleos industriales calificados en los sectores manufacturero y comercial, el desempleo se situará en el 10%.
El desafío de Argentina ahora es abordar cada una de estas dimensiones separadas de la crisis. Además de estimular el crecimiento y promover el consumo y la inversión genuina, los encargados de la formulación de políticas también deben estabilizar el tipo de cambio para restablecer la certidumbre de los inversores y garantizar el pago de la deuda.
Estos objetivos no son necesariamente compatibles. Argentina debe renegociar los plazos de pago de la deuda con sus acreedores privados y revisar el actual acuerdo de derecho de giro con el FMI, cuya ayuda ha demostrado ser más política que técnica. Sin embargo, si bien la reestructuración de la deuda requerirá un mejor equilibrio fiscal, la profunda recesión actual dificulta enormemente el logro de un superávit primario en el 2020. El severo ajuste económico que requeriría podría ser demasiado para los argentinos, dado el grado en que la economía real ya se ha deteriorado. Como lo han demostrado los levantamientos populares en Chile y Ecuador, las sociedades latinoamericanas son cada vez más reacias a tolerar más ajustes dolorosos.
Por su parte, el gobierno entrante ha señalado que tratará de estimular el consumo interno para aliviar la pobreza. Con recursos fiscales limitados, tendrá que centrarse en mejorar las condiciones de los grupos sociales empobrecidos a través de programas de transferencia de efectivo como la Asignación Universal por Hijo. Otro objetivo importante es forjar un nuevo pacto social alentando a los sindicatos y a las empresas a proponer acuerdos salariales en consonancia con los objetivos más amplios de la política fiscal y monetaria.
Fernández debe demostrar que tiene la influencia política para alinear las expectativas de los diferentes actores y seguir con políticas que apoyen el consumo y envíen las señales correctas al mercado. Hay poco margen de maniobra en una economía tan frágil. Sin embargo, la victoria de Fernández demuestra que los argentinos están hartos del enfoque actual y de los problemas económicos de Argentina en general.
Argentina es rica en muchos recursos, cuenta con una industria manufacturera diversificada, cuyos productos van desde el acero y los automóviles hasta los productos bioquímicos; y es el hogar de una fuerza laboral educada y altamente calificada, capaz de proporcionar servicios de alta calidad. La esperanza es que, una vez superada la crisis, el enorme potencial de los 45 millones de argentinos pueda ser desatado y dirigido hacia un crecimiento y desarrollo renovados. Ese es el verdadero desafío que enfrenta la Argentina y su nuevo gobierno.