Rabia anunciada y diálogo indispensable

Acaba una semana trágica, signada por la muerte de al menos 20 compatriotas y varias decenas de heridos, con declaratoria de estado de emergencia y locales violentados por grupos de entre las personas movilizadas. Como es más que evidente, los ánimos se han polarizado luego del golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo y la declaratoria de vacancia de parte del Congreso.

En una encuesta de octubre del 2022 del IEP sobre las alternativas ante las dificultades de gobierno, un 3% consideró adecuado que Dina Boluarte asumiera la presidencia hasta el 2026. En una encuesta de El Comercio-Ipsos del mismo mes, solo el 10% dijo estar de acuerdo con la propuesta de que Boluarte reemplace a Castillo y gobierne junto con el Congreso hasta el 2026. Un mes después, el IEP recogió que el 87% apoyaba el adelanto de elecciones generales ante una posible inhabilitación de Castillo.

No hay razón, entonces, para sorprenderse ante las protestas, más aún cuando la crisis de representación atraviesa la sociedad y se profundiza la desconfianza ante los “políticos”, al mismo tiempo que las atenciones del Estado no mejoran en la medida en que deberían.

Sin embargo, a pesar de las evidencias, los gobernantes partieron por descalificar las movilizaciones apelando a la narrativa del “terrorismo”, en lugar de ayudar a crear espacios de diálogo. No por gusto, al dar su discurso en el Cusco, un dirigente de la Central de Rondas Campesinas de Ccatcca recordó la participación de sus organizaciones en la lucha contra el terrorismo. Pésimo, pues, apelar a la deslegitimación: eso encendió los ánimos y trajo consigo mayor violencia.

Al margen del vandalismo, que es imprescindible condenar, es evidente que la mayoría de peruanos que protestan exigen ser considerados como ciudadanos con derechos: su opinión importa y lo cierto es que casi únicamente se pueden hacer escuchar movilizándose. Y, a estas alturas, las personas coordinan por WhatsApp, Facebook yno hacen falta azuzadores ni instigadores de alto calibre para movilizarse.

Los congresistas saben que para retomar el cauce democrático urge que voten por elecciones para el 2023. ¿Por qué la insistencia de mantenerse divorciados de las demandas de la mayoría del país? ¿Acaso quieren retrasar la decisión para validar la presencia de las FF.AA. como actores deliberantes? ¿Acaso les es demasiado difícil dejar sus curules y por eso complican las modalidades de votación, cuando las reformas electorales pueden venir después?