Recursos estratégicos bajo asedio

El titular del reporte especial del 19 de diciembre, “Energía bajo asedio”, del complemento “Día 1″ de El Comercio señala que la minería habría dejado de ser el principal foco de los conflictos sociales en el Perú.

La revisión del artículo indica, sin embargo, que esto no se debería a una disminución de los conflictos sociales reportados que afectan al sector minero (94 de los 221 conflictos reportados hasta noviembre por la Defensoría del Pueblo), sino más bien a un incremento en términos absolutos de todos los conflictos y, en términos relativos, a una mayor incidencia reciente de afectaciones a activos críticos de otros sectores más allá de la minería.

Las fuentes consultadas para el informe infieren que existe una planificación organizada que busca afectar activos críticos para generar mayor impacto político.

Otro informe realizado por la Unidad de Periodismo de Datos (ECData) de El Comercio debe de resaltarse. Este señala que durante los últimos gobiernos solo se han podido solucionar conflictos que equivalen aproximadamente a un tercio del total de nuevos conflictos. La fracción que se puede ir solucionando se logra de manera lenta e ineficaz, lo que lleva a que el número de conflictos por solucionar siga aumentando de manera galopante.

En otra oportunidad nos referiremos a la situación particular del déficit ‘in crescendo’ de compromisos por cumplir y conflictos por solucionar. Si bien el diálogo y el consenso son muy importantes, no son ‘a priori’ los factores más críticos para abordar el problema numérico y de gestión que significa verse abrumados por cada vez más compromisos que no pueden ser cumplidos. Pero aquí es importante centrarse en los factores determinantes de los conflictos sociales en los sectores de la minería, la energía y los hidrocarburos en el Perú. Se trata de tres variables internas a las empresas y de tres externas. La primera de las externas es la de la participación de grupos opositores al desarrollo.

De acuerdo con una revisión de la bibliografía académica, también se podría ver que algunos hechos de la realidad peruana pueden ser explicados por la teoría.

Con respecto a la participación de grupos antiextractivistas, esta variable está vinculada con el concepto de antiextractivismo, según los reportes y estudios de casos al respecto. Este concepto se relaciona con las luchas por los recursos naturales, el territorio y la convivencia con las culturas ancestrales.

Aunque existen diversas perspectivas sobre este concepto, de modo general el antiextractivismo se refiere a la perspectiva crítica y principalmente negativa de las actividades extractivas, las políticas e ideologías que las promueven, sus efectos socioambientales y, de modo más propositivo, a las formas de resistencia social que provocan.

Dichas actividades están relacionadas con conflictos entre las empresas y los ‘stakeholders’, dado que las operaciones extractivas pueden manifestarse como conflictos por el agua, el suelo o el subsuelo.

En el caso de la minería, donde las empresas no pueden elegir ubicaciones que sean óptimas desde consideraciones sociales, ambientales o políticas, apropiadas o “amigables”, las empresas tienen una alta probabilidad de enfrentar conflictos con las comunidades locales. Para algunos investigadores, los grupos de protesta pueden tener fines menos altruistas y buscar más bien la notoriedad política.

El entendimiento del contexto en el que se desarrolla el activismo antiminero es relevante para una mejor comprensión de los motivos de los activistas, sus estrategias y sus acciones. Y este entendimiento presenta reflexiones y contribuciones del interés de la triada de legisladores, ejecutivos y académicos que tengan relación con la interfase entre la minería y la sociedad civil.

Existe coincidencia en que todos los grupos usan similares estrategias de resistencia, tales como actividades de difusión, protestas, bloqueos, y, en ocasiones, violencia.