¿Reforma de pensiones o del mercado laboral?, por Pablo Lavado

La semana pasada se aprobó en comisión especial el proyecto de ley de una reforma del sistema de pensiones. Este debería mejorarse sustancialmente y tener en cuenta estas consideraciones:

Primero, se propone una entidad centralizadora para el manejo de los fondos, haciendo alusión a la autonomía y eficiencia de instituciones como el Banco Central y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. No obstante, el desempeño técnico de dichas instituciones no es la regla en el sector público. Esto no quiere decir que no aspiremos a tener más y mejores instituciones, sin embargo, la independencia y eficiencia de estas se deben construir de a pocos. Pretender crear esa institucionalidad en el corto plazo por ley es un supuesto fuerte, corriendo el riesgo de entregar los ahorros de millones de peruanos a un mal administrador.

Segundo, en teoría, la contribución al fondo solidario servirá para cubrir las pensiones mínimas de aquellos que con su fondo individual no puedan. La pregunta es qué porcentaje de los que aportan actualmente no alcanzarían una pensión mínima. Probablemente aquellos que tienen una densidad de aportes muy baja y con alta transición entre la formalidad y la informalidad serían los principales beneficiarios. Esto quiere decir que para muchos aportantes regulares la contribución al fondo funcionaría, en la práctica, como un impuesto a la planilla. Las estimaciones que hemos hecho son que, a partir del cambio de régimen del Impuesto a la Renta en el 2014, el cual subía las tasas para varios tramos, habría incrementado la informalidad en 10 puntos porcentuales en aquellos trabajadores en los deciles de ingreso superiores al 70% de la población. Es decir, este tipo de costos generaría más informalidad y, así, disminuiría la densidad de los aportes (el número de meses que una persona afiliada efectivamente aporta). Finalmente, terminaría siendo más costoso para el Estado. Es muy importante tener en cuenta este impacto en el análisis de los cambios que se están sugiriendo.

Tercero, en países de América Latina, a diferencia de los europeos, en donde persisten las altas tasas de informalidad y de trabajo por cuenta propia, la recomendación es una reforma integral del mercado laboral y del sistema tributario, desvinculando la protección social de la relación laboral. De acuerdo con Levy, lo más dañino para el mercado laboral es imponer más costos al trabajo formal. De hecho, el proyecto de ley considera estos aspectos en la lista de sus disposiciones complementarias y transitorias. La reforma laboral y la de protección social no deben ser complementarias, por el contrario, deben ser el paraguas que defina la formalización, la protección contra ‘shocks’ de ingresos y una pensión.

Finalmente, en cuanto a las AFP, la reforma debería buscar centralizar procesos para que las comisiones sigan bajando, así como para facilitar la participación de más gestores, es decir, para incrementar la competencia. Estimaciones que hemos hecho muestran que la disminución de las comisiones en el 2013 incentivó a la formalización a aquellos trabajadores con ingresos medios. Asimismo, es importante, mejorar significativamente la comunicación e incentivar programas de educación financiera y cultura del ahorro de largo plazo.

En suma, es claro que todos los que estamos discutiendo temas del mercado laboral peruano queremos lo mejor para nuestro país. Discutamos qué podemos hacer para que en 20 años no regresemos a la misma discusión, como la que teníamos también a principios del 2000. En esa línea, aprovecho en recomendar los debates que el Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) viene llevando a cabo.