Una respuesta más fuerte, por Aníbal Velásquez

En las últimas dos décadas se han incrementado las epidemias y pandemias, y propagado rápidamente debido a la globalización. Por ejemplo, el virus del zika se extendió en un año a 38 países de América. 

Las epidemias tienen un alto costo en términos de vidas humanas y en la economía. Así, vale la pena recordar que la epidemia del cólera de 1991 (que empezó en nuestro país y luego se expandió a 35 países de América y África) causó 2.909 muertes y generó pérdidas por US$495,3 millones.

Por su parte, la epidemia del Ébola, en el 2014, puso al descubierto las serias deficiencias del sistema de respuesta de salud mundial y condujo a crear la Agenda para la Seguridad Sanitaria Mundial (GHSA), conformada por 49 países, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias. En enero del 2015, una misión de evaluación de la GHSA encontró en nuestro país fortalezas en inmunizaciones y vigilancia de epidemias, pero también debilidades en respuesta rápida y bioterrorismo.
Con la reforma de salud de este gobierno, el Ministerio de Salud (Minsa) puede ahora transferir recursos adicionales a las regiones para enfrentar epidemias. Sin embargo, esto no resuelve la falta de cumplimiento de las funciones de las regiones o sus limitaciones logísticas y de gestión.

Además, el sistema descentralizado de salud restringía al Minsa a funciones normativas y de supervisión, y no le permitía intervenir directamente. Por ello, el marco legal fue modificado mediante la Ley 30423, que fortalece la autoridad sanitaria nacional y recupera su capacidad de intervención mediante el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).

Estas medidas, junto al compromiso de los gobernadores regionales, el uso de insecticidas más eficaces, la vigilancia con ovitrampas, cercos epidemiológicos y movilización social, permitieron el retraso de la transmisión autóctona del chikunguña. Si bien esta epidemia comenzó en América Latina en el 2013, recién en junio del 2015 se presentó una transmisión autóctona en distritos de Tumbes y Piura. El foco de transmisión, sin embargo, no se extendió. Así, mientras ese año en nuestro país se registraron solo 192 casos, en Colombia se reportaron más de 244.000 y en Ecuador más de 15.000.

Frente a la epidemia del zika, ahora con transmisión activa en Jaén (Cajamarca), el siguiente gobierno tendrá que continuar el fortalecimiento de la capacidad de respuesta del Minsa, para lo cual es imprescindible que el CDC se constituya en un organismo técnico especializado con capacidad de intervención logística y operativa. Además, el Minsa deberá manejar un fondo especial para las epidemias y riesgos sanitarios.

Es fundamental que se invierta más en el primer nivel de atención. Para ello, el gobierno entrante debería comprometer un fondo de inversión hasta el 2021. Estos servicios requieren recursos calificados y deberá aprobarse la ley del bono de salud pública, así como la valorización del bono de atención primaria de salud según nivel de capacitación en la Escuela de Salud Pública. A su vez, deberán ser instalados laboratorios de salud pública en las regiones y seguir fortaleciendo al Instituto Nacional de Salud para el diagnóstico y la producción de vacunas, sueros y medicamentos.

Consideramos que las funciones de salud colectiva deben estar a cargo de la autoridad sanitaria nacional, sin embargo, esto requerirá cambios legislativos. Por ahora se deberá continuar el trabajo articulado con los gobiernos regionales en la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), que ha destacado en esta gestión.