Los retos que enfrentamos, por Alonso Segura

Las economías de América Latina y El Caribe están siendo las más afectadas por el actual entorno internacional, caracterizado por precios de materias primas en declive por quinto año consecutivo, expectativas de mayores costos financieros, salida de capitales que presiona al alza los tipos de cambio y menor crecimiento de los principales socios comerciales. La caída en los precios de nuestra canasta de exportaciones es la más severa y persistente en por lo menos 65 años. De acuerdo con las últimas proyecciones del FMI, la región crecería 0,5% este año, muy por debajo del crecimiento mundial de 3,3%, y del crecimiento superior al 4% que la región experimentó en los años del ‘boom’ de precios de materias primas. 

A este entorno internacional desfavorable, se suman factores internos que amplifican estos efectos adversos sobre la economía. Uno de ellos es la incertidumbre que generan los procesos electorales, donde a manera de ejemplo, una conocida consultora muestra en su último sondeo que el 64% de los empresarios encuestados espera que la inestabilidad política empeore en los próximos doce meses. Sin embargo, la magnitud del actual debilitamiento de la confianza empresarial excede lo explicado por el deterioro del contexto externo o el ruido preelectoral, y no se condice con los fundamentos de la economía peruana ni con las acciones y políticas desplegadas por el Gobierno: existe un manejo fiscal y monetario responsable, apertura comercial y financiera, marco jurídico amigable para la inversión, crecimiento resiliente pese a la severidad del choque externo, entre otros. Hemos logrado uno de los indicadores de riesgo-país más bajos y tenemos la segunda mejor calificación crediticia en la región.

Mientras que Colombia, México y Chile han recortado los presupuestos públicos de manera significativa, subido tasas impositivas, creado impuestos y sobretasas, en el Perú hemos hecho el máximo uso de nuestra fortaleza fiscal y reducido la carga tributaria de las empresas y familias, generando mayor valor en las primeras, e incrementando el ingreso disponible de estas últimas. Asimismo, sabiendo que el mejor antídoto para recuperar la confianza es el crecimiento económico, desde el segundo trimestre del año pasado se aprobaron medidas de impulso al gasto público (principalmente, inversión), siendo el Perú el primer país de la región en implementar una política contracíclica explícita en respuesta al deterioro de la situación externa. 

Más aun, seguimos trabajando en adoptar medidas para consolidar la recuperación económica. El primer objetivo del Gobierno es asegurar la ejecución de los recursos asignados, en un año de baja ejecución de gobiernos subnacionales, debido al cambio de autoridades. Para eso, en el marco de las facultades delegadas al Poder Ejecutivo, se promulgó un decreto legislativo que autoriza la reasignación de recursos de inversión, mantenimiento y equipamiento, desde entidades públicas con baja ejecución hacia otras con mayor capacidad de ejecución. Sin embargo, en la medida que el gasto público equivale solamente a la quinta parte del gasto privado, es necesario acompañar la política fiscal de medidas que promuevan la inversión, fomenten la creación de empleo y mejoren el entorno de negocios mediante ganancias de productividad y competitividad. 

Así, en primer lugar, el Gobierno se abocará a la reglamentación e implementación de varias normas que se han emitido en los últimos meses como, por ejemplo, la integración de permisos en licencias ambientales reduciendo los plazos en 42 meses, la optimización del procedimiento de autorización de explosivos, la obtención de servidumbres y el fortalecimiento de la institucionalidad para la identificación y levantamiento de trabas a la inversión. En segundo lugar, además de las normas ya publicadas para mejorar el funcionamiento del mercado inmobiliario y de ‘factoring’ en el marco de las facultades delegadas, se dictarán normas orientadas a la agilización de los procesos de adquisición de terrenos para las grandes obras públicas y público-privadas, la planificación multisectorial y territorial de los grandes proyectos de infraestructura bajo la modalidad de asociaciones público-privadas y el fortalecimiento de la modalidad de obras por impuestos, entre otras. Un tercer eje es avanzar decididamente con la implementación del Programa País en el marco del proceso de adhesión a la OCDE, lo que servirá como un ancla institucional que dará predictibilidad y estabilidad al entorno de negocios. 

Tampoco hemos perdido de vista el escenario de riesgos para la economía peruana. Uno de ellos es el fenómeno de El Niño, para el cual ya nos hemos venido preparando. En los últimos cuatro años se han asignado más de cinco mil millones de soles a proyectos y actividades vinculados a la gestión de riesgos de desastres, como el monitoreo de peligros, campañas de prevención, adquisición de bienes y equipamiento para respuesta de emergencia, protección ante inundaciones o estabilidad de taludes, reforzamiento de escuelas y creación de centros de operación de emergencias. El presupuesto público 2015 incluye acciones de prevención por más de 2 mil millones de soles, más de 30 veces lo programado para el año 2011.  Esto, sin embargo,  no significa que no se estén redoblando esfuerzos ante la concreción de un Niño con potencial de acentuarse.

La política económica del gobierno del presidente Humala está y seguirá haciendo todo lo necesario por apuntalar una recuperación económica que aún es frágil. Sin embargo, todos los actores políticos y agentes económicos tenemos el reto, no solo de no amplificar el choque externo mediante decisiones domésticas, sino de contribuir a aislar la economía, un activo muy valioso de nuestro país en los últimos 25 años, de los vaivenes de la coyuntura de corto plazo. Recordemos que aún en la coyuntura actual, el Perú es uno de los países mejor preparados para resistir el embate del entorno internacional, y se espera que lidere el crecimiento entre nuestros socios de la Alianza del Pacífico.