Seguridad ciudadana al 2015, por Ricardo Valdés

El 2014, salvo algunas capturas importantes, ha sido malo para la seguridad ciudadana. La última publicación del Barómetro de las Américas establece que el Perú tiene la más alta tasa de victimización en toda la región (30,6%). Es, a su vez, uno de los países donde la inseguridad es la principal preocupación de la población, muy por encima de otros problemas, como la pobreza o el desempleo.

Según las Naciones Unidas, la percepción de inseguridad en el barrio es del 50%, la más alta en América Latina. Por otra parte, los mapas del delito publicados por nuestra fiscalía muestran un alza vertiginosa del sicariato, la extorsión, la trata de personas, la violación sexual, el robo callejero y otros crímenes que terminan siendo el sustento real de la percepción de inseguridad en el país.

Sin embargo, el ministro del Interior, principal responsable de la persecución del crimen, a despecho del proceso que se le sigue por homicidio y la alta tasa de victimización, es de lejos el más popular del Gabinete, lo cual no deja de ser paradójico. ¿A qué se debe? A que ha logrado contactarse con la población y transmitir “que se está haciendo cargo del problema”, a diferencia del presidente y de sus antecesores en este gobierno.

Se ha mostrado muy activo en los medios de comunicación, hasta obtener un 47 % de aprobación, muy por encima del promedio del Gabinete, construyendo una imagen de ubicuidad y activismo más individual (voceado candidato) que institucional (la policía tiene muy baja aprobación). En otras palabras, ha logrado posicionarse como el más popular, apoyándose y, a la vez, diferenciándose de la policía y del gobierno.

¿Pero esto necesitamos para contar con un país más seguro? Me temo que no y, por el contrario, podría ser peligroso si no se abordan los temas de fondo este 2015. 

Para empezar, el presidente debe retomar la promesa de conducir personalmente el sistema de seguridad ciudadana, pues no ha funcionado encargarle a la Presidencia del Consejo de Ministros el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec). Esta instancia es crucial. Es aquí donde debe coordinarse y alinearse el trabajo de los operadores de justicia, para que fiscales, jueces y policías actúen en conjunto y sistémicamente con otras entidades integrantes del sistema de seguridad.

Por otra parte, debe garantizarse el aporte de recursos desde el presupuesto público a los sistemas locales y regionales de seguridad ciudadana. Son los alcaldes y los presidentes regionales quienes deben liderar la lucha contra la inseguridad, pues es en las calles que se comete mayormente el delito. Hay, en ese sentido, tareas compartidas con los vecinos, los serenos y los agentes de fiscalización para prevenir el crimen. Por su lado, el municipio debe proporcionar la infraestructura adecuada para hacer más seguras las zonas de riesgo, actuar con transparencia y permitir el acceso a la información.

Asimismo, estas autoridades deben exigir a sus jefes policiales y al personal que comandan: patrullaje continuo, georreferenciar el delito, acopiar y analizar la información, interactuar con el sistema nacional intervenciones inteligentes y una conducta intachable de todos los efectivos a su cargo.

Para ello, el gobierno debe cumplir con su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, mejorando comisarías, proporcionando sistemas de comunicación (¿recuerdan los radio tetra con voz y video?), asegurando la conectividad de las comisarías , fortaleciendo la policía especializada, cumpliendo con el régimen educacional y, sobre todo, proveyendo a la policía de una adecuada política laboral y de bienestar.

Para que el sistema de seguridad funcione, el ministro del Interior debe hacerse cargo de la estrategia general y de las coordinaciones del Conasec. Si, por el contrario, él hace el trabajo de los jefes policiales, significa que él no está haciendo el suyo. 

Finalmente, dejemos de mirar tanto el árbol encubierto del ministro, pues perderemos de vista el bosque de la seguridad.